Concepción se opone a que los fiscales investiguen las denuncias penales

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, se mostró contrario a alguna de las reformas que prepara el Ministerio de Justicia en materia de Demarcación y Planta Judicial y de administración de justicia, que prevén conceder más poder a los fiscales para instruir diligencias en materia penal (robos, homicidios, delitos económicos, mediambientales o contra la Administración Pública). Se restaría así competencias a los actuales jueces de Instrucción, algo a lo que la mayoría de la carrera judicial se opone.


Concepción, que el viernes presidió el acto de apertura del Año Judicial regional en Soria -al que asistieron medio centenar de magistrados y fiscales de la comunidad autónoma, abogados, autoridades civiles y militares-, analizó en su discurso la «época de cambios y de incertidumbre» que vive la justicia en España, y explicó que el próximo mes se pondrá en marcha en Burgos, como experiencia piloto, la nueva Oficina Judicial, con la que el Ministerio pretende mejorar este servicio y reducir el atasco de pleitos.

Pero, además, se pronunció sobre el informe elaborado por una Comisión de Expertos, a instancia del Gobierno central, que concluye en la necesidad de realizar una profunda reforma en materia de Demarcación y Planta Judicial.

Al respecto, José Luis Concepción calificó de «acertadas» la mayoría de las recomendaciones de los expertos (entre ellos Fernando Ledesma y Landelino Lavilla), pero cuestionó en presencia del fiscal superior, Manuel Martín Granizo, la atribución a los fiscales de competencias para instruir denuncias.

Aunque dijo que esta posibilidad constituye una vieja reivindicación del Ministerio Público, que cuenta «con magníficos profesionales», cuestionó esta atribución porque los miembros de la Fiscalía se encuentran vinculados por el principio de dependencia jerárquica al Gobierno, y «no resulta aconsejable, so pena de hacer peligrar la necesaria independencia que ha de ser consustancial a todos los procesos judiciales», dijo.

Concepción, que además de juez sacó la oposición de fiscal en 1990, elogió ante los 23 miembros de la Sala de Gobierno del TSJ la posible creación de los llamados tribunales de base, nuevos órganos de la judicatura que, integrados por jueces profesionales, se harían cargo de algunos pleitos de menor entidad, como son diferencias vecinales, pequeños hurtos o juicios de faltas por insultos y amenazas.

Este sistema de administración de justicia ya existió en los años setenta con los llamados jueces de Distrito. En su etapa de ministro, Fernando López Aguilar planteó la posibilidad de crear los jueces de Proximidad, grupo al que podrían acceder abogados en ejercicio y personas vinculadas a los ayuntamientos.

En un discurso menos reivindicativo que en anteriores ocasiones, el presidente del TSJ ironizó en este sentido al decir que era «curioso que los mismos que acabaron con dicha configuración, vuelvan al cabo de 20 años a tratar de reconstruir lo destruido. De sabios es reconocer errores y debemos de aplaudir esa actitud», añadió.

Con anterioridad, el fiscal superior de la comunidad explicó que el índice de diligencias había aumentado el pasado año un 5%, cuando pasó de las 149.925 denuncias a las 157.727 de 2009. Al recordar la duplicidad de denuncias en ciudades como Valladolid, Martín Granizo abogó por que los juzgados adopten «unos criterios más razonables a la hora de elaborar estadísticas».

El fiscal superior señaló que desde enero el número de fiscales en Castilla y León ha aumentado en seis hasta llegar a los 124 actuales, desplegados en 12 sedes (incluida Ponferrada y las dos del TSJ).

Por su parte, el presidente de la Audiencia de Soria, Rafael Carnicero, reconoció en su discurso las «disfunciones» creadas en el último año en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la capital, un órgano «que se estaba desmorando» por la actuación de su anterior titular, suspendido en el cargo por el Poder Judicial tras las denuncias presentadas por sus propios compañeros, abogados y procuradores. Para recuperar el trabajo acumulado, el Consejo General nombró a un juez de refuerzo.

Fuente: nortecastilla.es