Un funcionario de los juzgados de Granadilla de Abona, en Tenerife, ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión y a cinco años de inhabilitación especial para empleo público, después de estafar a 61 ciudadanos que habían sido enjuiciados o estaban a punto de serlo.J.A.B.C. fue auxiliar de Justicia en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Granadilla de Abona del 4 de noviembre de 1987 al 31 de mayo de 2000. Entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 1998 aprovechó que le habían concedido una prolongación de jornada para ordenar los archivos para esconder en bolsas de basura y una caja de cartón 61 procedimientos que se tramitaban en ese juzgado. Algunos los recolocó entre piezas de convicción y junto a causas ya sobreseídas para que no fueran encontrados.
Esta estratagema la llevó a cabo para poder estafar a los encartados en los diversos procedimientos, once los cuales los tramitaba el mismo José Ángel. Se trataba de asuntos como hurtos, omisión del deber del socorro, muertes por accidente de tráfico, lesiones, robos, uso indebido de vehículo a motor..., que además de prisión conllevan multas.
Para evitar que la ocultación fuese descubierta, el funcionario realizó falsas anotaciones en el Libro de Registros. En un caso anotó que la causa había sido sobreseída con el visto bueno del fiscal, cuando en realidad nunca llegó a la Fiscalía. En otro, anotó que se había dictado auto de procedimiento abreviado y remitido a la Fiscalía, cuando la verdad es que se había dictado auto de libertad de los detenidos.
Le entregaban el dinero en mano
En un juicio de faltas, un ciudadano fue condenado a indemnizar a otro en 270.582 pesetas (1.622,73 euros). José Ángel se puso en contacto con el procesado y le solicitó que el pago se lo realizara a él en el mismo juzgado. Para hacerlo creíble, José Ángel le extendió en papel de oficio un falso justificante de pago, pero en el Libro de Registro de Depósitos y Consignaciones del juzgado no hizo constar ningún ingreso.
Cuando el abogado del ciudadano que debía ser indemnizado pidió la ejecución de la sentencia, José Ángel ocultó ese escrito.
En otro caso, el funcionario pidió a un ciudadano acusado de un atropello y homicidio imprudente que le entregara 50.000 pesetas (300,51 euros) con la excusa de que debía depositar ese dinero para el pago de responsabilidades civiles derivadas de la causa penal, y le extendió el falso justificante de pago.
A otro procesado le dijo que debía pagarle 75.000 pesetas (450,76 euros) para poder recuperar el carné de conducir que le habían retirado en un juicio de faltas. Cobrado el dinero, José Ángel hizo desaparecer el procedimiento de forma definitiva.
Así actuó hasta en 61 ocasiones. A una mujer que debía cobrar una indemnización (que el funcionario ya se había apropiado), le dijo una y otra vez que la sentencia aún no se había notificado al denunciado. Otro perjudicado dijo en el juicio contra José Ángel que había acudido infructuosamente al juzgado hasta 50 veces y siempre le decían que el dinero de su indemnización no había sido depositado.
Nadie vio nada
Nadie en la oficina judicial vio cómo a José Ángel le entregaban dinero, está totalmente prohibida la recepción de dinero en metálico o cheques en los juzgados o tribunales.
Los procedimientos ocultos fueron encontrados en las bolsas de basura, una caja de cartón o en archivos equivocados cuando el 31 de mayo de 2000 se reorganizó todo el juzgado a causa de una sustracción que se había producido en el mismo. Ese mismo día, el funcionario fue apartado cautelarmente de sus funciones.
Las diligencias contra el funcionario por falsedad de documento público, delito continuado de estafa y delito de infidelidad en la custodia de los documentos tardaron cinco años en instruirse y no llegaron a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife hasta el 17 de mayo de 2005. Después se tardaron otros cinco años en señalar la fecha para el juicio, que finalmente se celebró el 19 de julio pasado, por lo que José Ángel ha visto reducida su condena a sólo cuatro años y medio de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 15 meses a seis euros diarios (2.700 euros en total) ya que ha habido que aplicarle la atenuante de dilaciones indebidas.
Fuente: canariasahora.es
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