Los datos de delitos cometidos por menores de nacionalidad española, por comunidades autónomas, indican que Andalucía fue la región con más condenados inscritos en el Registro en 2009, con el 22,7% del total, seguida de la Comunidad Valenciana (13,8%) y Cataluña (12,6%). Esto es, Andalucía está diez puntos por encima de la media nacional y la distancia de la segunda comunidad con más condenas, nueve puntos porcentuales. Dicho con cifras reales, 6.582 niños de entre 14 y 17 años cometieron infracciones penales en Andalucía. De ellos, 3.994 fueron condenados por los jueces. En toda España fueron condenados 17.572.
Ciertamente, en condenas por mil habitantes, Andalucía no es la primera. La ciudad autónoma de Ceuta (38,86 por mil) y las comunidades autónomas de La Rioja (18,17) y Castilla y León (16) registraron los mayores tasas de menores de 14-17 años condenados por cada 1.000 habitantes en el mismo rango de edad. Por el contrario, la Comunidad Madrid (6,33), Canarias (6,38) y Castilla-La Mancha (7,16) presentaron los valores más bajos. En Andalucía se produjeron 10,45 condenas por cada mil habitantes, de nuevo por encima de la media nacional, situada en el 9,73 aunque las comunidades que salen peor paradas en esta tasa sean las de Ceuta y La Rioja.
Por sexos, siguen siendo mayoría los chicos que los cometen. En 2009, del total de condenados, el 84 por ciento era varón frente a un 15 por ciento de mujeres.
Por edades, fue el grupo de 17 años el más destacado (con más de un 31 por ciento del total), seguido de los que tienen 16 años (que supuso un 29,8 por ciento). La conclusión que se extrae es que las conductas conflictivas van aumentando a la par que estos menores van cumpliendo años.
En toda España, según el INE, los robos son los de mayor incidencia entre los que no han alcanzado la mayoría de edad: suponen un 38,6 por ciento del total. Le siguen los delitos contra la seguridad vial (un 33,6 por ciento) y las lesiones (con un 11,4 por ciento).
ANDALUCÍA, LA PRIMERA EN CONDENAS EN GENERAL
Andalucía fue la comunidad en la que se inscribieron más condenados en el año 2009, con el 20,9 por ciento del total. Por detrás se situaron Cataluña (15,2 por ciento) y Comunitat Valenciana (11,4 por ciento). En Cataluña se registraron más condenados extranjeros (19,1 por ciento del total), seguida de la Comunidad de Madrid (15,7 por ciento) y Andalucía (14,7 por ciento).
Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron las tasas de condenados inscritos por 1.000 habitantes más elevadas (21,13 y 10,32, respectivamente) mientras que Castilla y León (3,25), Comunidad de Madrid (3,61) y Extremadura (3,86) presentaron las más bajas.
En 2009 se inscribieron 275.458 delitos cometidos, un 3,2 por ciento más que en el año anterior. Según las cifras, el año arrojó una tasa de delitos por cada 1.000 habitantes de 5,89, frente a 5,78 de 2008.
Los que mayor incidencia registraron fueron los delitos contra la seguridad vial (44,6 por ciento del total), los delitos de lesiones (12,2 por ciento) y los robos (9,5 por ciento). En una amplia mayoría de 95 por ciento los delitos quedaron consumados mientras que el 4,7 por ciento se encontraron en grado de tentativa.
Además, el número de ilícitos por condenado fue de 1,25, frente al 1,29 registrado en 2008. Por sexo, esta relación fue mayor en los varones (1,26) que en las mujeres (1,15), unas cifras similares a la tendencia registrada en 2008.
En el año 2009 se impusieron un total de 624.553 penas en las sentencias firmes dictadas e inscritas en el Registro, lo que supone una disminución del 1 por ciento en comparación con las registradas el año anterior.
Los jueces y tribunales dictaron en un 23,4 por ciento de los casos penas privativas de libertad, en un 51,2 por ciento privativas de otros derechos y en un 25, 1 por ciento sanciones de multa. Por su parte, en un escaso 0,3 por ciento decretaron expulsiones del territorio nacional.
A MÁS EDAD, MENOS PENAS DE PRISIÓN
Entre las penas privativas de otros derechos, la más frecuente fue la trabajos en beneficio de la comunidad (17,5 por ciento del total) mientras que entre las privativas de libertad destacó la pena de prisión (21,9 por ciento).
El 23,1 por ciento del total de las penas impuestas a varones fueron penas privativas de libertad, y en particular, el 21,6 por ciento penas de prisión. En las mujeres, el 26,5 por ciento del total fueron penas privativas de libertad, y el 24,8 por ciento de prisión. Las penas privativas de otros derechos representaron el 51,6 por ciento del total de las penas impuestas a hombres y el 46,6 por ciento de las aplicadas a mujeres.
Las cifras demuestran que, exceptuando los mayores de 70 años, a medida que aumenta la edad son menos frecuentes las penas privativas de libertad y más habituales las penas privativas de otros derechos.
Atendiendo a la nacionalidad del infractor, las penas privativas de libertad fueron algo más frecuentes entre los condenados extranjeros (25,5 por ciento del total) que entre los españoles (22,5 por ciento). En particular, la pena de prisión supuso el 23,8 por ciento del total de penas de los extranjeros, frente al 21,2 por ciento de los españoles.
Fuente: Alerta Digital
Ciertamente, en condenas por mil habitantes, Andalucía no es la primera. La ciudad autónoma de Ceuta (38,86 por mil) y las comunidades autónomas de La Rioja (18,17) y Castilla y León (16) registraron los mayores tasas de menores de 14-17 años condenados por cada 1.000 habitantes en el mismo rango de edad. Por el contrario, la Comunidad Madrid (6,33), Canarias (6,38) y Castilla-La Mancha (7,16) presentaron los valores más bajos. En Andalucía se produjeron 10,45 condenas por cada mil habitantes, de nuevo por encima de la media nacional, situada en el 9,73 aunque las comunidades que salen peor paradas en esta tasa sean las de Ceuta y La Rioja.
Por sexos, siguen siendo mayoría los chicos que los cometen. En 2009, del total de condenados, el 84 por ciento era varón frente a un 15 por ciento de mujeres.
Por edades, fue el grupo de 17 años el más destacado (con más de un 31 por ciento del total), seguido de los que tienen 16 años (que supuso un 29,8 por ciento). La conclusión que se extrae es que las conductas conflictivas van aumentando a la par que estos menores van cumpliendo años.
En toda España, según el INE, los robos son los de mayor incidencia entre los que no han alcanzado la mayoría de edad: suponen un 38,6 por ciento del total. Le siguen los delitos contra la seguridad vial (un 33,6 por ciento) y las lesiones (con un 11,4 por ciento).
ANDALUCÍA, LA PRIMERA EN CONDENAS EN GENERAL
Andalucía fue la comunidad en la que se inscribieron más condenados en el año 2009, con el 20,9 por ciento del total. Por detrás se situaron Cataluña (15,2 por ciento) y Comunitat Valenciana (11,4 por ciento). En Cataluña se registraron más condenados extranjeros (19,1 por ciento del total), seguida de la Comunidad de Madrid (15,7 por ciento) y Andalucía (14,7 por ciento).
Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron las tasas de condenados inscritos por 1.000 habitantes más elevadas (21,13 y 10,32, respectivamente) mientras que Castilla y León (3,25), Comunidad de Madrid (3,61) y Extremadura (3,86) presentaron las más bajas.
En 2009 se inscribieron 275.458 delitos cometidos, un 3,2 por ciento más que en el año anterior. Según las cifras, el año arrojó una tasa de delitos por cada 1.000 habitantes de 5,89, frente a 5,78 de 2008.
Los que mayor incidencia registraron fueron los delitos contra la seguridad vial (44,6 por ciento del total), los delitos de lesiones (12,2 por ciento) y los robos (9,5 por ciento). En una amplia mayoría de 95 por ciento los delitos quedaron consumados mientras que el 4,7 por ciento se encontraron en grado de tentativa.
Además, el número de ilícitos por condenado fue de 1,25, frente al 1,29 registrado en 2008. Por sexo, esta relación fue mayor en los varones (1,26) que en las mujeres (1,15), unas cifras similares a la tendencia registrada en 2008.
En el año 2009 se impusieron un total de 624.553 penas en las sentencias firmes dictadas e inscritas en el Registro, lo que supone una disminución del 1 por ciento en comparación con las registradas el año anterior.
Los jueces y tribunales dictaron en un 23,4 por ciento de los casos penas privativas de libertad, en un 51,2 por ciento privativas de otros derechos y en un 25, 1 por ciento sanciones de multa. Por su parte, en un escaso 0,3 por ciento decretaron expulsiones del territorio nacional.
A MÁS EDAD, MENOS PENAS DE PRISIÓN
Entre las penas privativas de otros derechos, la más frecuente fue la trabajos en beneficio de la comunidad (17,5 por ciento del total) mientras que entre las privativas de libertad destacó la pena de prisión (21,9 por ciento).
El 23,1 por ciento del total de las penas impuestas a varones fueron penas privativas de libertad, y en particular, el 21,6 por ciento penas de prisión. En las mujeres, el 26,5 por ciento del total fueron penas privativas de libertad, y el 24,8 por ciento de prisión. Las penas privativas de otros derechos representaron el 51,6 por ciento del total de las penas impuestas a hombres y el 46,6 por ciento de las aplicadas a mujeres.
Las cifras demuestran que, exceptuando los mayores de 70 años, a medida que aumenta la edad son menos frecuentes las penas privativas de libertad y más habituales las penas privativas de otros derechos.
Atendiendo a la nacionalidad del infractor, las penas privativas de libertad fueron algo más frecuentes entre los condenados extranjeros (25,5 por ciento del total) que entre los españoles (22,5 por ciento). En particular, la pena de prisión supuso el 23,8 por ciento del total de penas de los extranjeros, frente al 21,2 por ciento de los españoles.
Fuente: Alerta Digital
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