La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, ha pedido a la Conselleria de Justicia de la Generalitat que inicie el despliegue de las 23 nuevas dependencias judiciales previstas antes de final de año "por las oficinas comunes de ejecución, bien dimensionadas y dotadas" para poder hacer cumplir las 250.000 sentencias anuales -345 por juez- y casi un millón de actas resolutorias dictadas en Cataluña."A la situación de crisis económica no podemos añadir otra de credibilidad de las instituciones públicas", ha afirmado en su discurso del acto de apertura del año judicial, celebrado este año en Tarragona. La Justicia catalana ha atendido en el primer semestre de 2010 más de 720.000 asuntos, por lo que también ha pedido "fórmulas para desjudicializar algunas de las materias que colapsan hoy en día los Juzgados".
Además de ese elevado número de causas, la presidenta del TSJC ha mencionado la inestabilidad de las plantillas, la falta de personal titular, la organización obsoleta de la oficina judicial y las rudimentarias herramientas de información como problemas que pueden mejorarse "sin un gran gasto para mejorar la situación".
Por otra parte, Alegret ha confirmado que, "tras la sobrecarga padecida por la jurisdicción civil, mercantil y social en los últimos dos años", el impacto de la crisis sobre los Juzgados y Tribunales de Cataluña ha decrecido. "Los concursos de acreedores han descendido un 22% en el primer semestre del año -respecto a los últimos seis meses de 2009- y los procesos de despido un 20%", ha destacado.
Por el contrario, las ejecuciones hipotecarias han subido el 18%. Por último, ha reivindicado que "toda la gestión del personal auxiliar de Justicia se quede en Cataluña". "Es una parte del nuevo Estatut, plenamente constitucional, en la que se ha de profundizar", ha reflexionado.
Haciendo eco a las peticiones de la presidenta del TSJC, la titular de la Fiscalía Superior de Cataluña, Teresa Compte, expresó que se corre el riesgo de ejercer una justicia virtual por el excesivo número de procesos pendientes de ejecución. «Si creemos en una justicia rápida y eficaz, esto incluye no sólo la firmeza de la sentencia, sino los medios para ejecutarla», explicó. La fiscal se quejó también por la «interinidad» permanente, «derivada de la falta de cobertura de plazas de jueces y fiscales». Para Compte, Tarragona es representativa de los problemas que afectan a toda la Justicia catalana, pues cuenta con uno de los «índices de movilidad de personal, junto a Gerona, más altos de todo el Estado».
Aparte de las deficiencias estructurales que sufren los juzgados, la fiscal enfatizó la necesidad de llevar a cabo una reforma legal respecto a las faltas de hurto. El robo es el delito más frecuente en Cataluña (180.283 en 2009, que representan un 28,38% del total), que sólo es penado con entre seis y 18 meses de cárcel cuando lo sustraído excede los 400 euros. Compte señaló que «la reforma legal iniciada ha tomado otro camino, diferente, y tendremos que ver si resuelve el problema de la ineficiencia de la legislación hasta ahora vigente».
Más robos y más impagos
La titular de la Fiscalía Superior de Cataluña comentó que de acuerdo con sus datos, los delitos que más aumentaron el año pasado fueron los vinculados a la prostitución, el impago de pensiones, la conducción sin permiso, las insolvencias punibles, la estafa y el hurto. Compte no dudó en adjudicar a la crisis el aumento de estas faltas.
Con la actual situación económica, los delincuentes no descansan y se multiplican. Por ello, la reforma para desahogar a los juzgados y la renovación de las dependencias judiciales son una prioridad que la conselleria no puede seguir postergando a la espera de tiempos mejores.
Fuente: lavanguardia.es , ABC.es
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