Primera escena de una película real. En la puerta del juzgado civil 71, sobre la calle Uruguay, un hombre estalla como Michael Douglas en Un día de furia: “A mí me importa un pito que el juzgado esté abarrotado de expedientes y lleno de trabajo. Hace un año que me vienen pateando con distintas excusas. Yo no me voy de acá hasta que no me hagan el cheque”. Y ahí se quedó, en medio de empleadas temblorosas, hasta que, claro, le hicieron la orden de pago de un juicio que había ganado hace tiempo.Toma dos. Por esos gritos, un testigo que espera su turno para declarar en una causa se despierta. Ingresa por fin al despacho de la secretaria del juzgado. Lo que diga será grabado por una cámara web, pero la funcionaria avisa a los abogados que, si quieren una copia, deberán aportar un DVD virgen o un pendrive, porque el tribunal no los provee.
Toma tres. En la radio que escuchan los empleados del Juzgado, los oyentes se quejan por la inacción de un juez penal que dejó en libertad condicional a un hombre que volvió a matar. Los oyentes desconocen que, para que se configure la reincidencia, los requisitos son múltiples: para empezar, que exista una sentencia firme en contra. Pero el sospechoso tiene ocho causas abiertas y ninguna ha llegado a sentencia, por el desborde de los juzgados que lo evalúan.
La película real es infinita. Y sin duda tiene en la falta de recursos del Poder Judicial a uno de sus protagonistas estelares. Lo vienen reclamando todos los actores judiciales. La Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, las Asociaciones de Jueces, las de fiscales, los Colegios de Abogados. Y no son posiciones corporativas, sino el balance sencillo de las estadísticas: los Tribunales tienen cada más trabajo y menos recursos.
Hay una curva que dibuja la trama: desde 1999, el Presupuesto Judicial ha ido creciendo a un ritmo mucho menor al de la inflación y al requerido para su funcionamiento.
Como ejemplo, basta la polémica que se desató sobre el proyecto oficial enviado al Congreso sobre el Presupuesto del año próximo. Si se aprueba como está, en 2011 recibirá 778 mil pesos menos de los que pidió. La ausencia de esos fondos, si se confirma, privará a los argentinos de “el Proyecto Informático, el Archivo General, la Biblioteca y la refacción del Palacio de Tribunales, además de cargos y créditos presupuestarios para el Proyecto Informático y la Oficina de la Mujer”, según dijo la Corte Suprema de Justicia. Para ser más claros: no existirá o se demorará el sistema informático que pretende unificar la información sobre el flagelo de la violencia doméstica. Y tampoco se construirá la nueva y prometidísima Morgue judicial, una obra clave, por ejemplo, para que no vuelva a “perderse” un cadáver N.N., como ocurrió en marzo con Lucas Rebolini Manso, el hijo de Antonio Grimau.
La película real continúa. Toma cuatro. A unas cuadras del juzgado que reclaman los CD, un hombre sin recursos se entusiasma con la posibilidad de conseguir asesoramiento para un problema en el Consultorio Jurídico Gratuito que funciona en el octavo piso del Palacio de Tribunales. Las expectativas se le desinflan a medida que sube las escaleras, porque para llegar hasta allí no hay ascensor.
Toma cinco. Un juez le pide a otro que le remita una causa urgente, porque necesita cotejar datos y tomar una decisión sobre un detenido. Libra el oficio, se lo anota en el libro de registro, un ordenanza lo lleva hacia el otro juzgado. Allí le reciben el papel. Buscan el expediente y se lo entregan. Y recién ahí parte el empleado con su carrito a rulemanes, rumbo al destino trazado, donde comenzará un nuevo movimiento de papeles y expedientes… Los proyectos y planes de modernización de la Justicia, no es novedad, cuestan plata. También se frenan o se demoran o no se hacen si no hay fondos.
“Todo el mundo le reclama a la Justicia rapidez, agilidad, modernización y comodidad edilicia, pero la incidencia en el gasto de justicia en el presupuesto público viene bajando. El trabajo de la Justicia es básicamente procesar información, pero el actual paradigma de comunicación, de expedientes que viajan en changuitos, no sirven para los tiempos que requiere la sociedad. Hoy, según estimaciones, hay una computadora cada cuatro agentes, cuando la relación tendría que ser uno a uno. Además, no todos los empleados tienen acceso a Internet y al correo electrónico, vitales para la obtención de datos”, explica Martín Gershanik, director de la asociación civil Unidos por la Justicia.
Alejandro Fargosi, miembro electo del Consejo de la Magistratura por los abogados de la Capital Federal, sostiene que “el perjudicado directo es la gente, porque si no hay recursos, los plazos de tramitación de las causas se potencian. Si ahora los pleitos tardan uno o dos años, con menos plata tardarán cinco o diez años”.
“El fuero comercial, por dar un ejemplo, está desbordado y son pocos. Hay desproporción, porque son 25 o 30, y los laborales son 80 juzgados. Además, hay juzgados que ni siquiera tienen caja chica. En materia penal, las cárceles son el otro problema derivado de la asignación de fondos, no dan más. Y lo que indigna es que, si hubiera recursos, hay soluciones”, señala Fargosi, a punto de ingresar al organismo que prepara y ejecuta un presupuesto judicial.
Un caso recontra denunciado pero hasta ahora no resuelto es el del fuero de la Seguridad Social, que hoy tiene en sus menos nada menos que 400 mil juicios para resolver.
La mayoría de esos juicios tienen un resultado cantado, esto es, que el Estado deberá pagar una actualización de haberes de jubilados. Bien podrían resolverse a través de una ley, como reclaman desde hace tiempo los jueces del fuero, pero el Gobierno por ahora se niega.
Es que a la falta de recursos, se le agrega la mayor demanda de la sociedad sobre la Justicia. En 2004, se iniciaron en los juzgados nacionales 759.256 nuevos expedientes y el año pasado, en 2009, ya fueron 854.714, subiendo la litigiosidad a un ritmo anual del 3 por ciento. Eso no parece casual, sino reflejo de un país al que en todos los ámbitos le cuesta encontrar acuerdos.
Entre las posibles soluciones, Fargosi menciona “duplicar la cantidad de juzgados, triplicar la cantidad de peritos, acelerar los trámites aduaneros para la informatización del Poder Judicial y, por supuesto, potenciar el plantel de los juzgados. Si los sueldos son mejores, la Justicia tendrá gente más capacitada”. Su deseo suena a quimera: hoy, el 89 por ciento del presupuesto judicial se va en sueldos; poco y nada para inversión.
En el informe “Aspectos presupuestarios y de gestión 1999-2010”, el Consejo de la Magistratura –todavía con mayoría oficialista– señaló que “mientras el total del presupuesto nacional acusa una propensión ascendente, el presupuesto del Poder Judicial permanece relativamente reducido y con tendencia declinante”.
Este año, el presupuesto que maneja “en estas restrictivas condiciones” es de casi 3.000 millones de pesos, sin contar los fondos de la Corte Suprema. En cuanto a la estructura del gasto, el Consejo consignó que “se caracterizó por una sistemática asignación reducida de los montos solicitados para obras y, en algunos períodos, en partidas destinadas a insumos y servicios, necesidades todas indispensables para garantizar una actividad jurisdiccional adecuada”.
“El gasto en personal se mantuvo constante aunque nunca sobrepasó el límite de necesidades que le señala la planta ocupada, dificultando la habilitación de nuevos juzgados”, agregó el análisis. Traducido: se usó la plata para las necesidades básicas y se postergaron decisiones sobre el acondicionamiento de edificios y las insuficiencias en materia de equipamiento informático.
La Corte Suprema llegó a conclusiones similares y las convirtió, por primera vez, en un proyecto que envió al Congreso para lograr su verdadera autarquía presupuestaria, asunto con un pronóstico no muy alentador debido a la resistencia que tendría entre los senadores oficialistas. En ese proyecto, anunciado en el último Encuentro Nacional de Jueces, se propuso la creación de un Fondo Nacional de Redistribución para intentar equiparar las posibilidades de cada provincia. En el país hay poco más de 909 jueces nacionales, que dependen del Gobierno central y se ocupan de delitos federales o de interés nacional (asuntos electorales, que afectan el Estado, de contrabando, etcétera) pero hay unos 12 mil actores más (jueces, fiscales o defensores provinciales) que son la enorme mayoría y reciben sus sueldos y sus recursos de los presupuestos provinciales.
En ese grupo están, por ejemplo, los jueces penales de las provincias, encargados nada menos que de resolver los asuntos vinculados a la inseguridad, tema hoy de enorme demanda social.
El problema es que no todas las provincias cuentan con los mismos fondos, lo que hace del servicio de Justicia, además de insuficiente, un servicio injusto y desparejo. La Federación Argentina de Magistrados (FAM) analizó y cotejó el caso de las provincias y comprobó enormes desigualdades. “Hoy depende del lugar de nacimiento la calidad de un servicio esencial del Estado. Y eso no puede ser”, dice el presidente de la FAM, Abel Fleming.
Un caso bien claro es el comparativo entre las provincias de Salta y Jujuy, vecinas, idénticas en belleza y región, en necesidades de infraestructura, incluso en signo político, ya que ambas son gobernadas hoy por aliados al gobierno nacional, como Juan Manuel Urtubey (Salta) y Walter Barrionuevo (Jujuy). La diferencia es que Salta destina el 5,2 por ciento de su presupuesto en el funcionamiento de Justicia, mientras que Jujuy le da apenas el 1,8 por ciento, cerca de un tercio menos que su provincia vecina. ¿Se nota esa diferencia? Las escenas, aquí, serían larguísimas. Explica Fleming: “En Jujuy hay jueces sin despacho, no les alcanzan las hojas, no tienen toner para las computadoras y cosas básicas para el servicio mínimo”, mientras que en Salta se han sistematizando las causas judiciales, se avanza en política para contener la violencia doméstica, “se crean nuevos juzgados en el interior de la provincia” y más.
En definitiva, son dos realidades opuestas, una que se detiene y retrocede por culpa del aumento de la demanda social y la falta de recursos; la otra avanza, intenta achicar la brecha entre lo que se pide y lo que se cumple, entre la necesidad y lo justo.
Es el límite caprichoso entre dos provincias lo que hace la diferencia, la suerte de haber nacido en uno u otro lado de ese límite. Y como se sabe, no es la suerte la que debe mediar entre los conflictos humanos. Salvo que se trate de un juego.
Fuente: clarin.com
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