Castilla y León necesita «reforzar» su estructura judicial actual para atender a un aumento de la litigiosidad provocada en buena parte por el incremento de actividad en áreas como la civil, la mercantil y la laboral, debido a la crisis, aunque también por un aumento de los asuntos que llegan al resto de jurisdicciones, como la penal o la contenciosa. Es la principal conclusión a la que llega la memoria que envió hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. Su presidente, José Luís Concepción, pidió expresamente que termine el «goteo» de órganos judiciales que concede a la Comunidad el Ministerio.Recuerda que «a este ritmo tardaremos diez años en cubrir las necesidades reales» y en ese tiempo parece lógico pensar que también se incrementarán esas necesidades de nuevas unidades judiciales.
Cada año, Justicia autoriza la creación en Castilla y León de entre cuatro y seis unidades judiciales nuevas. Sin embargo, lo que sugiere Concepción es que se elabore un plan que permita cubrir en dos años todas las necesidades de la planta judicial.
Según detalla la memoria, se trataría de crear 31 juzgados, dotar de un magistrado más a la Audiencia provincial de Burgos y Avila y de dos a la de León. También pide el refuerzo del propio TSJCYL con la duodécima plaza de magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo en Valladolid y la séptima en Burgos, ya que cada uno de los magistrados que prestan servicio en estas salas soporta una carga de 325 asuntos por año.
Además, en buena parte debido al incremento de los conflictos económicos provocados por la crisis, se plantea la conversión de los juzgados de primera instancia número 4 de Salamanca y el número 8 de León en juzgados específicos de lo Mercantil.
Parte de las necesidades que recoge la memoria se deben a la creciente tendencia a la especialización de los juzgados, que supone la atribución en exclusiva o la carga especial de la competencia sobre materias como la violencia de género, los asuntos mercantiles o de familia.
En la práctica, supone que algunos juzgados dejan de atender el resto de asuntos, en el caso de competencia exclusiva, o bien quedan liberados parcialmente del reparto de los asuntos ordinarios, en los que no son exclusivos. Ocurre así en Avila, donde se plantea la creación de un quinto juzgado porque uno de ellos, que atiende asuntos geneerales y de Violencia contra la mujer, se ha visto recargado de trabajo a partir de la entrada en vigor de las «medidas de protección integral contra la violencia de género».
En el caso de Burgos, también se pide la creación del juzgado de Primera Instancia número 8 ante la conversión del número 4 en juzgado específico de lo Mercantil.
En León, se plantea una triple necesidad relacionada con esa especialización judicial. Por una parte, la elevada carga de asuntos que soporta el juzgado número 4, que tiene atribuidos los casos de violencia de género aconseja, según la memoria del TSJCYL, la creación de un juzgado exclusivo para esta materia.
Por otro lado, se apuesta por dedicar el juzgado de primera instancia número 10 en exclusiva a asuntos de Familia e Incapacidades porque el número 8, que actualmente está exento en un 50 por ciento de atender casos civiles , debe liberarse en su totalidad de esos asuntos para dedicarse de lleno a lo Mercantil, lo que a su vez aconsejaría la creación de un nuevo juzgado para asumir la carga de trabajo de ambos.
También en Salamanca se proponen cambios para mejorar la especialización judicial. En la memoria se indica que el partido judicial de Salamanca puede ser el que tenga mayores necesidades de refuerzo de la comunidad, dado que sus cuatro juzgados de instrucción soportan cerca de 8.000 diligencias previas y 800 juicios de faltas al año.
La conclusión es la necesidad de crear el juzgado de instrucción número 5, aunque se deja abierta la alternativa de que se constituya el juzgado de violencia sobre la mujer número 1o que descargaría al resto de estos asuntos.
Fuente: ABC.es
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