Asturias: El Principado replica a los funcionarios que no convocará mesas sectoriales

El pulso entre el Ejecutivo autonómico y los sindicatos que representan al 80% de los funcionarios asturianos a propósito de la convocatoria de las mesas sectoriales de educación, justicia, sanidad y administración pública, lejos de debilitarse, se volvió más virulento. Fue después de que la portavoz del Ejecutivo autonómico, Ana Rosa Migoya, echase leña al fuego tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.


Migoya fue tajante: «Estamos trabajando según lo que establece el Estatuto del Empleado Público, que fija en sus disposiciones que el ámbito de negociación entre los empleados públicos y la Administración es la Mesa General de Negociación, en la que estamos trabajando con los sindicatos que están allí representados, que son los que son».

«El Gobierno está actuando conforme a la norma, sin desviarse ni un ápice, y está respetando los ámbitos de diálogo y de negociación sindical», zanjó Migoya, acusada por los sindicatos de motivar la amenaza de huelga a la que estarían llamados 35.000 empleados públicos si el Ejecutivo no convoca las mesas sectoriales.

UGT y CCOO (excepto la Federación de Educación) consideran que si la empresa, el Principado, es única, también debe serlo el ámbito negociador. Enfrente, diez sindicatos sectoriales y la Federación educativa de CCOO defienden sus espacios específicos de discusión. Así se hace, dicen, en todas las comunidades autónomas salvo en Asturias, y así debe hacerse, consideran, para que los asuntos particulares de cada tipo de profesional los negocien quienes los conocen mejor y no se gobierne en conjunto a un personal muy variopinto.

En esas mesas se sirven estas discrepancias que han articulado dos frentes a los dos lados de una controversia que tiene convocada una manifestación para el lunes y ha llamado a la huelga a los 35.000 funcionarios de la Administración regional. El artículo 34 del EBEP lanza el conflicto donde establece que «por acuerdo de la mesa general podrán constituirse mesas sectoriales». Y el 27 de abril, en la mesa general no hubo acuerdo. Votó en contra UGT, no se pronunció CCOO y los sindicatos sectoriales representados -los sanitarios CEMSATSE y USIPA- se quedaron solos frente a la Administración y los mayoritarios. Son éstos los que convocan las movilizaciones junto a ANPE, CSIF, la rama educativa de CC OO, SICEPA, USAE, SIMPA, STAJ, SUATEA y CSI.

Acusan al Gobierno regional de intentar «diluir» y «falsear» la representatividad de las centrales sectoriales. Se trata de que «no se traten los asuntos de sanidad con los de los bomberos», resume gráficamente Margot Marqués, secretaria general en Asturias del Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE). El modelo actual impide, a su juicio, que «asuntos inherentes a la actividad de los trabajadores sean tratados por los representantes que ellos han elegido» y responde al motivo legislativo del Gobierno con una particularidad de su sector. «Como personal estatutario que somos», afirma, «el estatuto marco obliga a negociar en mesas específicas».

José María Alejo, portavoz en Asturias del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), acude a un razonamiento similar. Porque también ellos tienen, dice, «un estatuto propio, integrado en la ley orgánica del Poder Judicial, que tiene rango superior al EBEP y establece que los empleados públicos de justicia deben negociar sus condiciones laborales con sus organizaciones sindicales representativas». A su juicio detecta que hay «dos sindicatos beneficiados, CCOO y UGT, que están perdiendo fuerza en el colectivo de empleados públicos y tal vez consideran que una forma de recuperar esas posiciones es vender al trabajador y ser ellos los únicos con capacidad negociadora».

Desde la enseñanza, Lucas Álvarez (CSIF) censura el «café para todos» del Principado, porque, «como docente, yo no sé cómo se organizan las guardias de una uvi».

En la otra trinchera, Luis Ángel Ardura, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, sustenta su postura contraria a las mesas sectoriales recordando que la ley no las exige y que en la general «no se desvirtúa ninguna negociación. Es mentira que no se aborden asuntos específicos, porque dentro de ella se forman mesas técnicas para tratar cuestiones sectoriales». A su juicio, hablando de dinero, «el pastel es el que hay y todo lo que se negocie para un grupo de trabajadores tendrá repercusión en el resto».

Por el mismo camino avanza Manuel Nieto, responsable de Administración pública en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. El problema, para él, «no es el nombre de la mesa, sino lo que se negocie. La ley establece que haya un ámbito único y nada impide que ahí se hable de cualquier tema específico». Sin salir de CCOO, José Ángel Piquero, responsable de la Federación de Educación, ilustra las visiones divergentes en el sindicato cuando valora la negativa a las mesas sectoriales como «un desbarajuste democrático. Por eso hemos pedido por registro que este asunto se incluya en el orden del día de la mesa general para que se vuelva a votar».

Fuente: elcomerciodigital.com , lne.es