El Defensor del Pueblo advierte que la reforma de la Justicia "no admite más retrasos"

El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, advierte en su Informe Anual relativo a 2008 que "la reforma y modernización de la organización administrativa de la Justicia es una tarea de los poderes públicos que no admite más retrasos", y destaca que la vigencia de los derechos fundamentales "depende en gran parte de que los jueces y tribunales puedan desarrollar su trabajo bajo unas condiciones aceptables, si no óptimas".


A lo largo de su informe, Múgica califica de "complicada" la situación de la jurisdicción penal, dado el aumento de la litigiosidad consecuencia de determinadas reformas legales, como es la nueva tipificación de conductas en los delitos contra la seguridad vial.

La situación también se complicó por la huelga de funcionarios que se mantuvo durante los meses de febrero y marzo, que tuvieron fiel reflejo en las quejas de los ciudadanos ante este órgano "al agravarse los perjuicios y retrasos ocasionados a miles de expedientes en tramitación o pendientes de ser instruídos".

Además, el informe alude al "celo excesivo" con el que los medios de comunicación se han hecho eco de las "consecuencias muy negativas, a veces trágicas, que se desprenden de la incapacidad de algunos órganos judiciales", en clara alusión, aunque sin apuntarlo expresamente, de la sanción impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado por el caso del asesinato de la niña Mari Luz Cortés.

Entre los aspectos que merecen una atención prioritaria, el Defensor del Pueblo destaca el exceso de carga de trabajo de los jueces, la falta de medios materiales, escasez de personal, excesiva movilidad de la plantilla de funcionarios, deficiente formación del personal interino y, de manera destacada, la imposibilidad de interconexión de las bases de datos judiciales. Todas estas cuestiones están siendo tratadas en la reforma legal para la Implantación de la Oficina Judicial.

DILACIONES Y REGISTRO CIVIL.

Durante 2008, el Defensor del Pueblo tramitó un 541 quejas por dilaciones indebidas en la Administración de Justicia, de las cuales 229 se referían a la jurisdicción civil, 198 a la jurisdicción penal, 56 a la social, los mismos sobre la contencioso-administrativa y 2 a la jurisdicción militar. Las efectuadas en 2008 fueron realmente 334, las restantes corresponden a fechas anteriores a este año y continuaban sin resolver a la fecha del cierre del informe.

En su informe, el Defensor del Pueblo admite la necesidad de proceder a una reforma del sistema de Registro Civil que, dice, precisa "con carácter urgente" adaptarse a los criterios de eficacia y rapidez exigibles a toda Administración en el siglo XXI. En este sentido, señala que se ha constatado que "la sobrecarga de trabajo y la insuficiencia de medios materiales y personales que soportan los registros civiles es un problema generalizado".

"La mayoría de los jueces encargados del Registro Civil deben compatibilizar estas funciones propiamente jurisdiccionales, lo que supone de hecho la imposibilidad de una dedicación permanente a los funciones propias del Registro Civil, y a las actuaciones que requieren la inmediación del encargado, que se han visto incrementadas en los últimos tiempos, por los que reclaman soluciones urgentes", argumenta en su informe.

Aunque asegura ser "consciente" del desafío que supone una reforma del sistema de Registro Civil por la "complejidad" de los problemas que plantea --cita expresamente "la informatización de los juzgados de paz de toda España y la digitalización de todas las páginas de los libros de registros civiles y juzgados de paz que en la actualidad se está cometiendo"--, reconoce, no obstante, que la necesidad "urgente" de que adapten a los criterios de "eficacia y rapidez" que exige cualquier Administración del siglo XXI.

QUEJAS JUSTIFICADAS.

Asimismo, el Defensor del Pueblo recuerda que en anteriores informes ya denunció "el deficiente servicio prestado" por los registros civiles y recalca que "hasta la fecha, y a pesar de las medidas que se han ido adoptando", no se ha conseguido agilizar el servicio. "El significativo y un claro reflejo del mal funcionamiento de este servicio público, el que prácticamente, en el 100 por cien de las quejas presentadas contra el Registro Civil, el ciudadano tiene razón y está justificada su denuncia", argumenta.

Por último, indica que la propia Secretaría de Estado de Justicia admite en un informe remitido al Defensor del Pueblo "las disfunciones en la gestión de los medios personales adscritos a los registros civiles" una vez transferidas las competencias a las Comunidades Autónomas.

Las propuestas para mejorar el servicio, recuerda, serán estudiadas en el marco de una comisión permanente acordada en el marco de la pasada Conferencia Sectorial de Administración de justicia.

COORDINACIÓN CON LAS FISCALÍAS

Múgica se refiere también a la situación actual de la Administración de Justicia y menciona como posible solución la creación del plan de mejora que debaten en la actualidad el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las principales asociaciones de jueces.

En este sentido recoge en su informe que durante el pasado año efectuó una recomendación al CGPJ para que el órgano de Gobierno de los jueces tuviera en cuenta "la necesaria coordinación" del plan con la Fiscalía General del Estado "en relación con todos los procedimientos en los que intervenga el Ministerio Público".

Por otro lado, Múgica reclama en su informe "el establecimiento de algún mecanismo que facilite la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos de Humanos.

Fuente: EcoDiario