El juez Tirado abandona la jurisdicción penal a petición propia

El juez sevillano Rafael Tirado Márquez, sancionado por su retraso en ejecutar una condena de cárcel dictada contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, dejará la jurisdicción penal para incorporarse a la contencioso-administrativa. En fechas próximas, el magistrado cambiará de despacho para convertirse en el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla.


Fuentes judiciales confirmaron que el juez Tirado ha solicitado el traslado a dicho juzgado, vacante desde el pasado mes de abril, cuando su anterior titular, José Guillermo del Pino Romero, fue nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las fuentes detallaron que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha concedido el traslado a Tirado y ahora se está a la espera de que el nombramiento aparezca publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para optar a la plaza en el juzgado de lo contencioso, cuentan con preferencia las solicitudes de magistrados que lleven cinco años en esta jurisdicción y, si no hay ningún candidado, como ha ocurrido con la plaza adjudicada a Tirado, se valora el escalafón y los años de antigüedad en la carrera judicial, 17 en el caso del juez del caso Mari Luz.

Tirado tendrá que hacer ahora un curso de unos diez días que se le exige a todos los jueces que cambian de jurisdicción con un magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

'Huida' de los jueces de lo Penal

Aunque la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Sevilla es la más saturada de todas en la capital hispalense, con una tasa de congestión del 0,33, según el último informe del CGPJ, frente a la del 0,09 de los juzgados de lo penal, los penales también están en una situación dramática por el atasco en la ejecución de sentencias.

«Aquí hay mucho retraso, pero la tensión no es la misma», señala un magistrado que conoce bien la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De hecho, en los últimos meses se ha detectado una «cierta huida» de jueces desde los juzgados de lo penal a lo contencioso administrativo en Sevilla. Tirado, por lo tanto, no va a ser el primer juez que haga el cambio de jurisdicción.

Tirado se ha visto en el ojo del huracán desde que el pederasta Santiago del Valle fue detenido en marzo de 2008 por la muerte de la niña de Huelva y salió a la luz que había una sentencia firme de dos años y nueve meses de cárcel contra él, que debía ejecutar este juez, por haber abusado de su hija. En diciembre del año pasado, el CGPJ impuso a Tirado una multa de 1.500 euros por una falta de carácter grave, por los retrasos en ejecutar la condena a Del Valle.

La sanción generó una gran polémica porque el Gobierno reclamó insistentemente para Tirado una suspensión de tres años, con la que estaba de acuerdo el presidente del PP, Mariano Rajoy.

Cuando el Gobierno comprobó que el CGPJ no le había hecho ningún caso y había fijado en 1.500 euros la cuantía de la multa, anunció inmediatamente que modificaría el régimen disciplinario de los jueces «para evitar que hechos así puedan volver a repetirse», dijo el entonces el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

El caso Mari Luz

«La ley únicamente prevé la sanción de multa de 300,51 euros a 3.005,06 euros para las faltas de carácter grave que cometen los jueces, lo que constituye una decisión del legislador que, con independencia de la opinión que pudiera merecer, veda cualquier otra posibilidad que incluso pudiera parecer más adecuada», detalla la resolución de 84 folios del CGPJ en la que confirma la multa de 1.500 euros.

Tirado arroja la toalla en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla sin que la Administración haya dado soluciones al grave problema que sufren estos órganos a la hora de ejecutar las sentencias.

En toda Andalucía, los juzgados de lo penal acumulan ya casi 60.000 sentencias sin ejecutar, es decir un 29% más que en el año anterior, según el último informe del CGPJ referido a la actividad del año 2008. En Sevilla, el atasco es aún mayor, ya que el año pasado se cerró con 10.003 sentencias sin ejecutar, un 44% más.

Pese al atasco y al escándalo generado por el caso Mari Luz hace un año, lo cierto es que los juzgados siguen con las mismas herramientas de entonces porque ninguna de las medidas anunciadas está todavía operativa. Ni el registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes anunciado por el Ministerio de Justicia ni el servicio común de apoyo para la ejecución de la Consejería de Justicia.

Fuente: elmundo.es