La Ciudad de la Justicia de Barcelona, más de 200.000 metros cuadrados en el linde de Barcelona y Hospitalet de Llobregat, en los antiguos cuarteles de Lepanto, se ha puesto en marcha en medio de una fuerte polémica: la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aprobado por 7 votos contra 6 no volver a participar en la comisión mixta, donde tenía un papel relevante junto a la Consejería de Justicia y los agentes sociales. Esta comisión “ha dejado de ser un espacio de cooperación”.El TSJC había pedido a la Generalitat una reordenación de los efectivos de los juzgados porque algunas plantillas estaban sobredimensionadas y otras “infradotadas”. Esta petición fue efectuada el 11 de julio del 2006. Tras muchas negociaciones, la consejera de Justicia, Montserrat Tura, accedió a la reordenación de efectivos el pasado 3 de febrero. Pero el 27 de abril, según la propuesta aprobada por el pleno de la sala de gobierno del tribunal, “los responsables del Departamento de Justicia informaron a los representantes de esta sala de su decisión irrevocable de no continuar con la reordenación de plantillas”.
La propia Tura lamentó que “48 horas después de poner en marcha la principal obra que ha hecho el departamento, el poder judicial diga que no se sienta a la mesa”. Según las fuentes consultadas, se ha intentado hacer todo lo posible por remediar la situación hasta el límite competencial que tiene el Gobierno autonómico. “Hace un mes ya se llevó a cabo una reordenación de los efectivos y se crearon los ‘juzgados bis’ mercantiles, que eran una de las principales reivindicaciones”, añaden dichas fuentes.
Las mismas fuentes resaltaron que el Gobierno catalán “no puede hacer una reordenación global, sino sólo la de los interinos”. Y ello porque la reordenación del personal funcionario es competencia del Ministerio de Justicia y, para acometerla, “primero habría que hablar con Madrid y luego con los representantes de los trabajadores y con el Poder Judicial”.
El TSJC, sin embargo, considera que la decisión de la consejería es “injustificable”, máxime teniendo en cuenta que una racionalización permitiría “paliar las necesidades de personal de muchos órganos judiciales, obtener el adecuado rendimiento de todos los funcionarios y acabar con situaciones inexplicables ante los ciudadanos, de agravio comparativo y privilegio entre los funcionarios, que crean un profundo malestar y, en ocasiones, una injusta mala imagen”.
Tres votos particulares
Por ello, la sala subraya que la comisión en la que participa junto a la Generalitat “ha dejado de ser un foro de cooperación para convertirse en una reunión en la que el Departamento se limita a informar de sus decisiones a los representantes de la sala, sin que nosotros tengamos capacidad real de influir”. En parte, el TSJC deja entrever que la Generalitat ha cedido a la presión de los sindicatos y de las plantillas, que presionan para que no se toque su estatus aunque ello signifique eternizar algunas situaciones de agravio comparativo entre el personal.
La decisión del TSJC ha contado con tres votos particulares: la presidenta Maria Eugenia Alegret y los magistrados Fernando Lacaba y Francisco Segura Sancho, que consideran que, aunque la situación es crítica, “entendemos que antes de adoptar tan radical situación debería darse un margen temporal para que el Departamento de Justicia reconsiderase su postura”.
Un 40% de interinos
Fuentes del TSJC señalaron que “la reordenación de los efectivos humanos es imprescindible”. Los juzgados de Barcelona tienen un 40% de sus plantillas formadas por interinos y algunos partidos judiciales llegan hasta el 60%. “Se han retirado los refuerzos, pero no nos quejamos de eso, sino de que no se reorganicen las plantillas existentes, ya que hay juzgados que tienen demasiado personal y otros que no dan abasto. Además, hay otro problema añadido, que es el de la formación. No se ha invertido nada en este terreno, lo que precariza más la situación”.
Por su parte, Convergència i Unió ha añadido más leña al fuego. La portavoz de Justicia de CiU, Núria de Gispert, señaló que el consenso en torno a la Ciudad de la Justicia se ha perdido “por la ineficacia y el desconocimiento de las necesidades de la justicia por parte del Gobierno tripartito”. Según la diputada convergente, al nuevo recinto no serán trasladados los juzgados sociales, contenciosos ni la Audiencia de Barcelona. Y todo ello porque se decidió rebajar el techo edificable que había previsto CiU en su último gobierno. “Claro que la Administración de Justicia mejora con esta magnífica estructura, pero un coste de 381 millones de euros habría requerido más seriedad, más rigor y no simplemente pensar que como era un proyecto emblemático de CiU se había de cambiar”.
Fuente: elconfidencial.com
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