El "retraso en la actuación" de los juzgados y tribunales de las Islas constituye el grueso de las quejas de los canarios al Diputado del Común durante 2008, pues constituyen el 44% de las 2.248 remitidas a la institución, según recoge el informe anual que Manuel Alcaide presentó al presidente del Parlamento, Antonio Castro.En concreto, y según se resalta, "el importante número de quejas" (un total de 993) en este apartado se debe tanto a la "dilación en la tramitación de expedientes judiciales" como a las "demoras en ejecución" de los mismos.
Tras el área de Justicia, las reclamaciones de los canarios se centraron en los servicios públicos prestados por los tres niveles de la Administración (9%) y en las áreas de Trabajo y Función Pública (7%) y Seguridad Pública (4 %). Por contra, las áreas de Deportes (ayudas, infraestructura y ofertas), Cultura (ayudas, becas, convocatorias culturales, oferta cultural y patrimonio) y Medio Ambiente (áreas naturales, caza, costa, impacto ambiental, infracciones medioambientales y montes) son las que menos quejas recibieron.
Al considerar las quejas del año 2008 relativas a la Justicia, el informe asegura que los factores que afectan al adecuado funcionamiento de los juzgados son "el alto índice de litigiosidad" que se registra en Canarias y "la elevada movilidad del personal al servicio de la Administración de Justicia". A ello se suma, además, "el considerable número de personal interino" (el 55%) sin olvidar, en ocasiones, "su escasa preparación, y el hecho de que las bajas se cubren tardíamente.
Espera
El informe recuerda que el tiempo de espera por parte de los justiciables canarios es uno de los más altos de España y es atribuible "a la alta movilidad de los funcionarios judiciales y de los propios jueces", que es "la más alta" del país.
Ya en el informe de 2007, el Diputado del Común denunciaba que los tiempos de respuesta por parte de los órganos judiciales canarios eran de una media de 6,75 meses. En 2008, "este dato se sitúa en un tiempo medio de 6,26 meses, frente a los 5,3 meses del resto del país".
El informe cita al Consejo General del Poder Judicial recordando que, en los 16 juzgados de lo Penal que hay en las Islas, "quedan pendientes de ejecución una media de 746 sentencias, lo que supone 11.936 resoluciones". Con todo, Alcaide afirma que "la Jurisdicción social parece ser la más atascada" en las Islas, y alerta de que esta "situación que empeorará con la crisis" pese a que ya hay jueces de apoyo.
El problema de los menores
Una de las quejas ciudadanas que ha llevado a abrir una investigación de oficio por parte del Diputado del Común es el relativo a la situación del acogimiento de menores las Islas, que según la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, en 2007 existían 2.507 menores en situación de desamparo, de los que 1.296 estaban en acogimiento familiar (con familia ajena o extensa) y el resto en acogimiento residencial.
La investigación vio necesario la promoción de familias acogentes o familias nido, como figura que se está potenciando en otras comunidades autónomas frente al acogimiento residencial para solventar, además, "el gran número de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en los centros de emergencia".
Sobre los menores que cumplen medidas judiciales, el informe pide a las autoridades que "doten de recursos suficientes de medios y de personal a las instituciones de menores", recordando que "dicha falta no debería justificar la falta de respeto de los derechos de los niños".
Fuente: laopinion.es
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