sábado, mayo 09, 2009

Andalucía: Un "tapón" de medio millón de casos pendientes incrementa el colapso judicial

Los procedimientos pendientes de resolver en 2008 por parte de los tribunales andaluces ascienden a 492.239, un 20% más que el ejercicio anterior, según refleja la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Su presidente, Augusto Méndez de Lugo, expresó que el modelo actual, decimonónico, sufre tal grado de deterioro que debe de sustituirse por un nuevo sistema elaborado desde el consenso.


En la presentación de la memoria, Méndez de Lugo incidió en las patologías que sufre la administración de justicia, entre las que se incluye la falta de personal y de juzgados, por lo que planteó la posibilidad de que se elabore un cuerpo de adscripción territorial, compuesto por jueces volantes que suplirían en cada partido judicial andaluz las numerosas bajas de titulares que anualmente se producen por diversas causas, como los permisos de maternidad y la comisión de servicios.

Por motivos insignificantes

En su diagnóstico de la situación, el presidente del TSJA también aludió al fracaso de las medidas extrajudiciales y la propensión de parte de la población andaluza a dirimir ante el juez asuntos de escasa importancia. «La justicia es un servicio público muy caro», explicó para criticar que asuntos nimios se diriman en la jurisdicción. Al respecto, planteó la necesidad de concienciar a los ciudadanos para que no acudan por motivos insignificantes a los tribunales.

La cifra de casos presentados el año pasado sustenta la sugerencia de Méndez de Lugo a la población. En 2008 se registraron en los tribunales 1.900.712 nuevos asuntos. Los juzgados de lo penal, con 1.482.541 casos y los de lo civil, con 290.059, son los que registraron mayor avalancha de procedimientos. En los tribunales de lo social se presentaron 74.768 y en los de lo contencioso administrativo 53.344.

El embotellamiento de los asuntos judiciales se deriva pues, entre otros factores, de una estructura obsoleta y de la propensión andaluza a litigar, pero no de la pereza de los jueces. El presidente del TSJA aclaró al respecto que la media de sentencias dictadas por cada uno se situó en 216, a las que hay que añadir los autos y las resoluciones. El total de sentencias dictadas por los 1.283 jueces que trabajan en la comunidad autónoma ascendió a 277.152.

En cuanto a las audiencias provinciales, la memoria refleja que el tiempo de resolución de los asuntos penales pendientes oscila entre los escasos días de Jaén hasta los 4 meses de Almería. En cuanto a la tasa de congestión, el informe precisa que en todas las audiencias se resuelve un alto porcentaje de la carga de trabajo penal. Las más eficientes son, por éste orden, Jaén, Córdoba y Huelva.

Sin conexión informática

Méndez de Lugo destacó estos datos y también ciertos pasos políticos como aspectos positivos, a modo de una débil luz al final del túnel, pero en su análisis de la realidad predominaron los tonos oscuros. Indicó en concreto que no se proporciona una respuesta adecuada a las necesidades de la organización de la oficina judicial. Así, no existe interconexión informática entre los órganos judiciales de una misma comunidad autónoma.

Además, los órganos judiciales no disponen de un instrumento de alerta sobre el cumplimiento de plazos o el señalamiento de actuaciones, por lo que se tienen que recurrir a viejas fórmulas, como las cartulinas de causa con preso o a los registros personales del juez para salvaguardar la seguridad y los legítimos intereses de las partes implicadas en el proceso.

La memoria recoge también la administración de justicia andaluza no dispone de una infraestructura dotacional adecuada para el desenvolvimiento de la actividad. Falta espacio para almacenar los expedientes, por lo que los documentos se apilan fuera de los archivadores, «en sillas, mesas o suelo».

En el plano de personal tampoco hay motivo para el elogio de la administración de justicia. El TSJA resalta que la oficina judicial no se gestiona en términos de eficiencia. Antes al contrario, la memoria denuncia que la «desorganización innata» implica que se desaprovechen los pocos medios económicos, personales y materiales de que dispone este órgano.

Fuente: ABC.es

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