El 88% de los abogados cree que la Justicia está en crisis y piden un Pacto de Estado

Casi nueve de cada diez abogados consultados en un sondeo realizado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía a 5.343 letrados, opinan que nuestro actual modelo de Administración de Justicia está en una crisis muy grave y profunda y un 83% añade que no ha mejorado o que ha empeorado en los últimos años. El 99% pide un Pacto de Estado para una profunda regeneración.


Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio “La Justicia española evaluada por los abogados”, que “se trata de la más ambiciosa jamás realizada en nuestro país a los integrantes de esta profesión por el número de población: 5.243 abogados ejercientes”, según explico José Juan Toharia, presidente de Metroscopia. “Además por primera vez se ha planteado en un estudio una evaluación jurisdicción a jurisdicción y territorio a territorio”, con lo que se ha conseguido un “mapa detallado de la situación real”.

De los resultados obtenidos, se puede concluir que, tras años de estar relegada a un segundo plano y de desinterés político y social, el problema de la Justicia se ha hecho “visible” para todos. Un 71% de los abogados consideran que la Justicia funciona mal y exigen un acuerdo urgente entre todos los sectores implicados y soluciones inmediatas, no parches. Sin embargo, como bien ha incidido el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, en la presentación del estudio, “la responsabilidad de ese mal funcionamiento no se descarga en los jueces, sino en la nefasta organización de la Administración de la Justicia, según opinan el 76% de los encuestados”.

Por otro lado, el 85% de los abogados que han participado en el estudio señala que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido en un órgano tan politizado que difícilmente podrá gestionar de forma eficiente e imparcial el funcionamiento de la Justicia. En este sentido, Carnicer cree que “la primera obligación que tiene el CGPJ es mantener la independencia judicial y hasta ahora esto no ha sucedido, con los vocales haciendo público su partidismo”. “La composición de este órgano tiene que cambiar, y no los sistemas de elección. Los abogados deberían estar más presentes”, añadió el presidente de la Abogacía Española.

El 87% de los letrados encuestados estima que los gobiernos, del signo que sean, muestran más interés en tratar de controlar la Justicia o influir sobre ella que en emprender una mejora que la modernice y la haga plenamente eficiente. Pero el 82% considera que, con todos sus defectos e imperfecciones, nuestra Administración de Justicia representa la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades.

Soluciones

Además de la necesidad de un gran Pacto de Estado, para un 89% de los abogados hay medios alternativos de resolución de conflictos que podrían descargar a los tribunales y agilizar su funcionamiento sin merma alguna de las garantías jurídicas de las partes implicadas, que siguen sin estar adecuadamente establecidos y potenciados.

También los abogados se muestran masivamente (un 90%) partidarios del establecimiento de sistemas de formación continuada para abogados, procuradores, jueces y fiscales, pero se dividen de forma clara a la hora de decidir si esa formación continuada debería ser conjunta (como propone el 50%) o separada (como prefiere el 46%). En todo caso, y por lo que respecta exclusivamente al ejercicio de su profesión, los abogados se muestran masivamente partidarios (71%) del establecimiento de especialidades.

Por Autonomías

Por Áreas, las comunidades autónomas donde mejor funciona la Justicia, en opinión de los abogados, serían Aragón (Civil y Penal) y Navarra (Civil y Social) y en determinadas Áreas Cataluña (Civil), Castilla y León (Penal) Canarias y Extremadura (Contencioso-Administrativo) y Baleares y Cantabria (Social). En cuanto a las que tienen mayores deficiencias, destaca Madrid (Civil y Penal), Cataluña (Penal) y Baleares (Contencioso-Administrativo).

Para Carnicer, “esta encuesta tiene un mayor valor porque ha sido contestada por quien tienen un conocimiento más directo y concreto de la administración de Justicia y de la Justicia en general en España”. El estudio ha tenido un coste total de 190.000 euros.

Fuente: expansion.com