A poco más de un año del fin de la legislatura, el llamado plan Caamaño para la modernización de la Justicia en España, uno de los proyectos estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es difícil que se convierta en realidad. El Ministerio de Justicia, que tiene que modernizarse, y el de Industria, que debe gestionar técnicamente el proceso de modernización, se están tirando los trastos a la cabeza y se acusan mutuamente de no saber qué hacer y cómo invertir el dinero presupuestado.
En definitiva, se imputan unos a otros falta de capacidad y experiencia para acometer un trabajo de tal envergadura.
El documento
El pasado mes de mayo, viendo que el plazo se estaba agotando, José de la Mata, subdirector general de Nuevas Tecnologías de la Justicia, pidió ayuda a Red.es para “gastar”, antes del 30 de junio, los 50 millones de euros presupuestados para la adquisición de equipos y software para tres de los hitos del plan: Centro de Proceso de Datos, Grabación de Salas de Vistas e Informatización de los Juzgados de lo Penal. En caso contrario, el dinero debía volver a las arcas del Estado. Por ello, desde Justicia pedían a Industria un esfuerzo de imaginación para invertir el dinero, por supuesto, sin pasar por una licitación pública, para la que no había tiempo material.
En un documento interno, el pasado 7 de mayo se celebró una reunión entre Red.es, la empresa pública dependiente de Industria para el desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y los responsables del Ministerio de Justicia. El autor del informe pone en antecedentes al director general de Red.es, Sebastián Muriel, del estado de la cuestión y dice que, en lugar de haber colaborado en el diseño de un plan de sistemas informáticos que son los cimientos sobre los que luego se debían determinar qué equipos de hardware y qué software se requerían, y reconoce que se han pasado los meses enfrentados y desconfiando unos de otros. “La situación que preocupa a José de la Mata” –dice textualmente el informe– “es que tienen que gastar un presupuesto brutal, 50 millones de euros, antes de junio y que las decisiones de compras tienen que parecer lógicas en los gastos”. El responsable de Red.es dice que les recomendó a sus colegas de Justicia: “Si estáis desesperados por gastar y sabéis en qué, ¿a qué esperáis?”. Y, dirigiéndose a su director general, continúa: “No deberíamos estar implicados por el riesgo que supone. Si tienen tanta prisa por gastar, que contraten lo que quieran y ya veremos cómo se va ajustando un plan de sistemas a las decisiones que tomen”.
Según el documento, los pasos a seguir debían ser: “Coger a un grupo de empresas –por supuesto de confianza– y decirles que en un mes hagan un análisis y una propuesta de qué comprar. Comprar por catálogo –ni siquiera había tiempo de ver los equipos–. Los problemas que esto supone es que las decisiones son sin fundamento real y estamos hablando de mucho dinero público; vamos, que es para portada del diario El Mundo tomar decisiones así. Caes en manos de las empresas, que te venderán lo que quieran. Y después, un plan de sistemas serio puede llegar a la conclusión de que las decisiones tomadas no tienen sentido”.
La compra
El autor del informe, José Ignacio Sánchez Valdenebro, director adjunto de Servicios Públicos de Red.es, continúa afirmando que los responsables del Plan de Modernización de la Justicia “no tienen el conocimiento suficiente ni la proyección de necesidades a largo plazo que les permita tomar alguna decisión lógica aparte de la que les diga el fabricante, que será la de la máquina más cara y más gorda. Vamos, que si ésta es la solución, voy a hablar con los fabricantes para que me busquen un hueco y hago la venta de la década de una tacada”.
El informe finaliza de esta manera: “No saben qué hacer, cómo hacerlo y la gente que tienen [en la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia] no tiene capacidad de tomar decisiones porque no saben de sistemas [informáticos]. ¿Y qué coño han estado haciendo hasta ahora?”.
La situación que se describe en el documento se refiere únicamente a algunos de los capítulos incluidos en el Plan de Modernización de la Justicia. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos puestos en marcha por el Gobierno Zapatero, en el que andan involucrados varios departamentos ministeriales con presupuestos millonarios.
Fuente: gaceta.es
En definitiva, se imputan unos a otros falta de capacidad y experiencia para acometer un trabajo de tal envergadura.
El documento
El pasado mes de mayo, viendo que el plazo se estaba agotando, José de la Mata, subdirector general de Nuevas Tecnologías de la Justicia, pidió ayuda a Red.es para “gastar”, antes del 30 de junio, los 50 millones de euros presupuestados para la adquisición de equipos y software para tres de los hitos del plan: Centro de Proceso de Datos, Grabación de Salas de Vistas e Informatización de los Juzgados de lo Penal. En caso contrario, el dinero debía volver a las arcas del Estado. Por ello, desde Justicia pedían a Industria un esfuerzo de imaginación para invertir el dinero, por supuesto, sin pasar por una licitación pública, para la que no había tiempo material.
En un documento interno, el pasado 7 de mayo se celebró una reunión entre Red.es, la empresa pública dependiente de Industria para el desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y los responsables del Ministerio de Justicia. El autor del informe pone en antecedentes al director general de Red.es, Sebastián Muriel, del estado de la cuestión y dice que, en lugar de haber colaborado en el diseño de un plan de sistemas informáticos que son los cimientos sobre los que luego se debían determinar qué equipos de hardware y qué software se requerían, y reconoce que se han pasado los meses enfrentados y desconfiando unos de otros. “La situación que preocupa a José de la Mata” –dice textualmente el informe– “es que tienen que gastar un presupuesto brutal, 50 millones de euros, antes de junio y que las decisiones de compras tienen que parecer lógicas en los gastos”. El responsable de Red.es dice que les recomendó a sus colegas de Justicia: “Si estáis desesperados por gastar y sabéis en qué, ¿a qué esperáis?”. Y, dirigiéndose a su director general, continúa: “No deberíamos estar implicados por el riesgo que supone. Si tienen tanta prisa por gastar, que contraten lo que quieran y ya veremos cómo se va ajustando un plan de sistemas a las decisiones que tomen”.
Según el documento, los pasos a seguir debían ser: “Coger a un grupo de empresas –por supuesto de confianza– y decirles que en un mes hagan un análisis y una propuesta de qué comprar. Comprar por catálogo –ni siquiera había tiempo de ver los equipos–. Los problemas que esto supone es que las decisiones son sin fundamento real y estamos hablando de mucho dinero público; vamos, que es para portada del diario El Mundo tomar decisiones así. Caes en manos de las empresas, que te venderán lo que quieran. Y después, un plan de sistemas serio puede llegar a la conclusión de que las decisiones tomadas no tienen sentido”.
La compra
El autor del informe, José Ignacio Sánchez Valdenebro, director adjunto de Servicios Públicos de Red.es, continúa afirmando que los responsables del Plan de Modernización de la Justicia “no tienen el conocimiento suficiente ni la proyección de necesidades a largo plazo que les permita tomar alguna decisión lógica aparte de la que les diga el fabricante, que será la de la máquina más cara y más gorda. Vamos, que si ésta es la solución, voy a hablar con los fabricantes para que me busquen un hueco y hago la venta de la década de una tacada”.
El informe finaliza de esta manera: “No saben qué hacer, cómo hacerlo y la gente que tienen [en la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia] no tiene capacidad de tomar decisiones porque no saben de sistemas [informáticos]. ¿Y qué coño han estado haciendo hasta ahora?”.
La situación que se describe en el documento se refiere únicamente a algunos de los capítulos incluidos en el Plan de Modernización de la Justicia. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos puestos en marcha por el Gobierno Zapatero, en el que andan involucrados varios departamentos ministeriales con presupuestos millonarios.
Fuente: gaceta.es
2 comentarios:
Sólo un comentario: José de la Mata es el Director General de Modernización. La Subdirectora General de Nuevas Tecnologías de la Justicia es Angeles Turón.
En cuanto al contenido del artículo, estoy más que convencido que es cierto.
La verdad es que no me extrañaría nada.
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