Sevilla: Manifestación de padres en apoyo al juez Serrano

Medio centenar de personas vestidas de Papá Noel se han concentrado a las puertas de los juzgados sevillanos en apoyo del juez de Familia Francisco Serrano que ha criticado la Ley de Violencia de Género convocados por la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva. Serrano ha adelantado que se querellará contra quienes lo están acusando ser el “altavoz de los maltratadores”. “No puedo tolerar que me acusen de ser cómplice de los delincuentes”, subraya el juez.


Los manifestantes portaban eslóganes de 'Papá No es', en referencia al disfraz que vestían y a su queja de que, de padres, sólo tienen "el traje, el bolsillo y el sufrimiento". Los 46 concentrados, 35 de ellos vestidos con ropas rojas y barbas blancas postizas, querían hacer público su malestar e "indignación" por no poder pasar la Nochebuena con sus hijos, a causa de la "violenta Ley de Género y de la espuria Ley del Divorcio".

Al término de la manifestación, a la que también acudieron representantes de asociaciones de abuelos y padres y madres de forma particular, dos padres afectados por las citadas leyes, Miguel Ángel Torres, absuelto de abusos sexuales a su hija, y José Antonio Santos, absuelto por ocho denuncias falsas por de maltrato grave contra su ex mujer y que le llevaron once meses a la cárcel, intentaron leer un manifiesto, aunque debido a la emoción, finalmente tuvo que ser el portavoz de la asociación 'Ambos', Domingo González, quien les ayudara a leer el comunicado.

Durante la lectura del manifiesto, González indicó que "para miles de hombres, hoy es una noche más lejos de sus hijos, unos hijos que han aprendido que su padre es un hombre malo o, en el mejor de los casos, un mero visitante", algo de lo que culpó al Gobierno español por "conculcar sistemáticamente los derechos más fundamentales de sus ciudadanos", ya que les "impide cada día cualquier posibilidad de ejercer nuestro derecho y nuestra obligación de educar y cuidar a nuestros hijos".

Entre las causas legales de su situación está, a juicio de los convocantes, el de "haber desenterrado de las catacumbas el erradicado delito de autor, que impone penas más duras en función de una variable tan arbitraria como el sexo de la persona que lo comete, y que incluso muchas veces no comete".

También denuncian "la aniquilación del derecho de presunción de inocencia impuesto por los protocolos preventivos de actuación que el Ministerio del Interior ha ordenado poner en práctica a todos los colectivos profesionales que se acercan al problema de los malos tratos".

No obstante, según leyó González, "este corrupto y espurio adoctrinamiento de género, ha podido ser traspasado gracias a personas que han sido capaces de arriesgar su puesto de trabajo, alzando su voz para hacer valer el sentido de la justicia y de la igualdad real", entre los que destacó a María Sanahuja, Francisco Serrano, Luis Columna, María Poza, Rafael Leonés, Ángel Luis Campo y a "tantos jueces que han llegado a presentar hasta doscientas cuestiones de constitucionalidad a la violenta Ley de Género".

Una ley que, a juicio de los presentes, "ha obligado a setenta asociaciones de todo el país a preparar una demanda judicial contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en varios tribunales internacionales, por haber roto las reglas de juego fundamentales de un Estado de Derecho".

Críticas a la Ley del Divorcio

Por otro lado, también se criticó la Ley del Divorcio, una legislación que, para los afectados, "prometía regirse por el principio de corresponsabilidad parental, pero introdujo multitud de trampas, como la de impedir por ley la guarda conjunta cuando exista una denuncia por maltrato".

A partir de este momento, continuó leyendo González, "las denuncias por maltrato comenzaron a aumentar de manera exponencial, aplaudidas por un Gobierno que se jaleaba argumentando que la mujer estaba perdiendo el miedo a denunciar; pero las que realmente habían perdido el miedo, y también la vergüenza, eran las que no tenían motivo para denunciar, aunque sí motivación".

Además, indicó que "la Ley de Divorcio tiene otras trampas muy sutiles, como la de establecer la custodia compartida de manera excepcionalísima, únicamente si existe acuerdo entre los padres, si al menos alguno de los dos la solicita y siempre que el Ministerio Fiscal esté de acuerdo, debiéndose fundamentar en que esa es la única fórmula para proteger el interés superior del menor".

Por todo ello, concluyó el comunicado, "los padres españoles y todas nuestras familias extensas, formadas por hombres y mujeres que nos dieron la vida, por nuestras nuevas parejas, por nuestras hermanas y hermanos, nuestros sobrinos y nuestros ascendientes, diremos en breve a los tribunales internacionales 'No al maltrato', 'No a la violenta Ley de Género', 'No a la espuria Ley de Divorcio'".

Tras concentrarse en la céntrica Puerta de Jerez y recorrer la Avenida de la Constitución haciendo sonar campanillas como Papa Noel y gritando consignas como "Custodia compartida" y "Apoyo al juez Serrano", los manifestantes llegaron hasta las puertas del Ayuntamiento de Sevilla.

Entre los manifestantes estaba el extremeño Carlos Aurelio Caldito, promotor del Partido por la Custodia Compartida y de Padres y Madres por la Igualdad, que tiene previsto presentarse a las próximas elecciones, quien dijo que en España hay 160.000 rupturas de parejas anuales, la cuarta parte de todas las de la UE.

Caldito ha recordado que desde que en la Navidad de 2004 entró en vigor la Ley de Violencia de Género, que calificó de "ley sexista" y de "ley anti-hombres", más de 600.000 hombres han pasado por las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil acusados de hechos de los que luego, en la mayoría de los casos, han sido inocentes.

También ha señalado que en la actualidad es más fácil lograr la custodia paterna que la compartida, aunque en el último año el 10 por ciento de los casos pleiteados han concluido en custodia compartida, el 4 por ciento han sido paternas y el 86 por ciento maternas, si bien sólo un año antes el 98 por ciento fueron para las madres.

Caldito ha asegurado que España ocupa el penúltimo lugar de toda la UE en violencia intrafamiliar, pero que ese dato no lo airea el Gobierno, como también oculta, a su juicio, los más de treinta hombres muertos a manos de sus parejas, para hablar sólo de las mujeres que fallecen en estos conflictos.

"Me querellaré contra quienes me tachan de altavoz de maltratadores”

El juez Francisco Serrano no está dispuesto a consentir que lo tachen de maltratador o de ser el altavoz de quienes vejan y asesinan a decenas de mujeres cada año en España. Por ello, el titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla ha adelantado que se querellará por un delito de calumnias contra quienes lo están acusando ser el “altavoz de los maltratadores”.

“No puedo tolerar que me acusen de ser cómplice de los delincuentes”, ha señalado Serrano. El magistrado defiende que ha dado su opinión sobre una ley, la Ley Integral de Violencia de Género, que según su parecer tiene varios defectos.

Estas declaraciones se producen después de que varias asociaciones de defensa de las mujeres, subvencionadas por el Ministerio de Igualdad según el juez, hayan remitido al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, un escrito de queja contra Serrano. En dicho escrito solicitan la apertura de un expediente disciplinario por causa muy grave por sus declaraciones en relación con la violencia de género. Las feministas lo han acusado de “comportarse como un maltratador”

Sin embargo, de las palabras de Serrano se desprende que dicha ley provoca que "miles de hombres sean detenidos por denuncias falsas" ya que ésta encierra "efectos perversos" porque protege "situaciones de abuso". Las opiniones del juez son compartidas por muchos abogados y abogadas pero no se atreven a hacerlo público por las represalias de las feministas.

Sin embargo, las feministas han interpretado estas palabras como un ataque a la lucha contra la violencia de género. Por esta razón, han pedido al CGPJ que investigue "los presupuestos básicos de la ideología personal” del magistrado.

Para Francisco Serrano estas acciones suponen un atentado contra su libertad de expresión, “y lo que es más grave, de pensamiento”.

Fuente: elmundo.es , Libertad Digital