Garzón recluta a un ejército de amigos influyentes para salvar la cara

En apenas 24 horas, Baltasar Garzón ha reclutado a todo un ejército. Es el tiempo que ha tardado el juez de la Audiencia Nacional en armar su defensa para intentar, a la desesperada, frenar en seco la causa que contra él instruye el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela. Lo tiene complicado, todos los medios coinciden en eso, pero si muere lo hará matando, como lo dejó claro en el recurso de apelación que presentó este miércoles. Garzón ha tirado de agenda para reunir a un grupo de expertos internacionales que testifiquen a su favor. Todos ellos le han dicho que sí, porque todos ellos son amigos personales.


Empezando por Juan Guzmán Tapia, quien fuera juez de instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres. El 4 de agosto de 2009, Guzmán Tapia firmaba un artículo en El País titulado La envidia y el juez Garzón en el que decía cosas como éstas: "Es obvio que Garzón pasará a la historia como un juez emblemático, y lo será por su tenaz vocación de juez, su espíritu de justicia y su valentía". "El magistrado Garzón es emblemático, por cierto. Pero no por sed de publicidad. En el mundo sobran personas enfermas por dicha sed y no por eso son emblemáticas. Garzón lo es porque investiga con seriedad causas que implican un peligro permanente para él y su familia". "En el caso de Baltasar Garzón, su nombre constituirá siempre un hito, estará vigente cada vez que se trate la justicia universal e inspirará a los jueces por su valioso ejemplo. En cambio, quienes lo atacan por odio o por envidia, caerán en el más oscuro olvido".

La siguiente de la lista es Carla del Ponte, antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia. Con ella trabó amistad a raíz de la causa que abrió Garzón por la desaparición de españoles en Argentina durante la dictadura militar. También figura en el escrito Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los magistrados argentinos que anuló las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida de aquel país y actualmente juez de la Corte Suprema de Justicia argentina. Como Garzón, se dejó seducir por la política para después volver a la Judicatura. El juez estrella de la Audiencia Nacional también ha contactado con el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, compañero habitual en coloquios y mesas redondas a éste y al otro lado del charco.

Completa su plantel de bazas extranjeras el presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones referidas a la inaplicabilidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Eduardo Freiler. Como fiscal federal en Argentina, ayudó a Garzón en su causa contra la dictadura. Es amigo personal suyo, como figura en el libro Justicia era Kirchner. La construcción de un poder a medida. E incluso en el verano de 2004 viajó a España para trabajar codo con codo con él después de que el español solicitara la detención de cuarenta argentinos por crímenes de lesa humanidad.

Los de "casa"

En el ámbito nacional, Garzón también se ha cubierto las espaldas con personas de su cuerda. Empezando por el coordinador de Justicia de Amnistía Internacional, Hugo Relva, que le apoyó desde el mismo día en que el magistrado se declaró competente para investigar los crímenes con la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo. En aquel octubre de 2008, Relva calificó de "acertada y positiva" la decisión. Además, pide que declaren como testigos los tres magistrados de la Audiencia Nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de éste órgano de declararle incompetente para estudiar el denominado caso de las fosas: José Ricardo de Prada, Ramón Sáenz Valcárcel y Clara Bayarri.

Igualmente, se solicita que testifiquen Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa. El 25 de junio de 2005, éste publicó un artículo titulado En defensa del juez Garzón hablando de este caso. "La organización ultraderechista Manos Limpias y cinco magistrados del Supremo van a hacer posible un hecho que produce estupor a la conciencia democrática", decía por entonces. "El juez querellado -en alusión a Garzón- estaba obligado a actuar como lo hizo, practicando las diligencias urgentes que exige el artículo 13 de la ley de enjuiciamiento criminal. Así lo requería velar por los derechos de las víctimas, derechos que, por cierto, el Supremo desconoce".

Completan el listado de los testigos propuestos por Garzón los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos; y el único que se sale de ojo: el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Porque en octubre de 2008, cuando Garzón se declaró competente, Zaragoza interpuso interpuso un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que le acusaba de querer abrir una "inquisición general" de la Guerra Civil y la dictadura de Franco a través una investigación "difícilmente compatible del alcance, límites y fines del proceso penal en un Estado de derecho".

Fuente: elsemanaldigital.com