Aragón: Calma tensa en las negociaciones

Zaragoza.- Las Cortes de Aragón han vivido la primera comisión de Justicia desde que las competencias en materia de administración judicial fueran transferidas a la Comunidad. Debido al retraso con el que se ha celebrado, el consejero de Justicia, Interior y Política Territorial, Rogelio Silva ha explicado con detalles los pasos dados hasta el momento en varios frentes: personal, inmuebles, introducción de nuevas tecnologías de la información y seguridad.


Sin embargo, uno de los temas que más cola han traído ha sido el Distrito de la Justicia de Zaragoza, conformado por el solar de la calle Galoponte, el inmueble que ocupaba Imprenta Blasco y el palacio de Fuenclara y que ocupan un área de 11.000 metros cuadrados.

En este sentido, Silva ha informado de que, como parte de los informes técnicos de viabilidad, se contrató a una empresa para que hicieran unas catas arqueológicas en el solar situado en la parte superior de la sede del TSJA, que ya están prácticamente terminadas. El avance del informe y parece que no va a haber ningún problema para actuar tanto en el palacio como en Imprenta Blasco.

Por este motivo, Silva ha anunciado que “es muy probable que la próxima semana podamos tener un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza con el fin de poder llevar adelante los trámites administrativos y empezar ya los trabajos técnicos”. De esta manera, en el mes de mayo o junio se podrían comenzar ya las actuaciones en la zona.

En relación al personal transferido ha detallado los cambios que la transferencia ha traído a los distintos grupos, tanto los funcionarios integrados en el organigrama de la DGA, como los titulares y el personal de refuerzo. Silva ha destacado que la negociación con los sindicatos se sitúa en parámetros de normalidad y que únicamente ha habido desencuentro con lo sucedido con 19 trabajadores para los que se reclama una categoría laboral propia que no se ajustaba con ese organigrama de la DGA. Sin embargo, ha declarado que esos psicólogos y peritos judiciales “no han perdido salario”.

En este sentido, la portavoz del grupo popular en las Cortes, Yolanda Vallés, le ha recriminado que en su departamento son “especialistas en buenas palabras y promesas” y que en realidad lo que reina con los sindicatos es una calma tensa, porque en su negociación con los funcionarios están imponiendo criterios. A lo que Silva ha ironizado que lleva razón porque, “los funcionarios de Justicia están en huelga en toda España, menos en Aragón”.

De todos modos, ha admitido que se verá si la tendencia es a la calma o a la tensión, tras la negociación sobre el plus autonómico. Asimismo, ha anunciado que en el primer Consejo de Gobierno que tendrá lugar este martes se aprobará la constitución de una mesa sectorial, a la que, a partir de ese momento, habrá que remitirse para negociar.

Además del Distrito Judicial, Silva se ha referido a algunos contratiempos que han surgido en otras obras, como es el caso de Teruel, en donde se han suspendido aquéllas que se estaban realizando en la plaza de San Juan, ya que la empresa se ha declarado en quiebra. El departamento que dirige, intercederá para desbloquear la situación, a pesar de que el contrato lo firmó el Ministerio de Justicia. La portavoz popular también le ha pedido que ofrezca personal de refuerzo para el juzgado número cinco de lo Social.

Nuevas tecnologías y seguridad

Otros de los anuncios realizados por Silva en esta primera comisión han estado relacionados con las nuevas tecnologías y con la seguridad. Su departamento ha diseñado planes específicos. El primero incluye ordenadores, impresoras, servidores, comunicaciones, centralitas, software, mantenimiento y formación. Así, el 1 de abril se repartirán ya 200 nuevos ordenadores y 16 impresoras para renovar los equipamientos más antiguos y dotar a los juzgados de nueva creación, que se sumarán a los 70 ordenadores y cinco impresoras que ya se entregaron en enero.

Mientras que en materia de seguridad, ha recordado el contrato que vincula el Ministerio de Justicia con una empresa. Sin embargo, las medidas han sido consideradas como insuficientes, por lo que han elaborado un plan independiente, que estará terminado el 31 de marzo. El plan contará con 500.000 euros de presupuesto y 19 medidas, que reportarán a la administración de Justicia “más vigilantes y detectores de metales”.

Fuente: aragondigital.es