PALMA.- Alrededor de cincuenta funcionarios de Justicia se manifestaron en la Delegación de Hacienda, en la calle Cecili Metel, como forma de protesta por el fracaso en las negociaciones con el Ministerio de Justicia para desbloquear la huelga que mantienen desde el 4 de febrero.
Esta se convirtió en la protesta más corta de todas las que vienen realizando, ya que la policía se presentó en breve invitándoles a irse por las buenas o por las malas. Después de salir pacíficamente con las manos en alto, los funcionarios han proseguido con sus cánticos de protesta durante otra media hora en la puerta del edificio.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FSAP-CCOO, Javier Luna, ha destacado que ésta es una escenificación más de la situación de bloqueo en la que se encuentra el colectivo, que ya ha llevado a cabo actuaciones similares de encierro en la comunidad y en el Ministerio, para denunciar lo que, en su opinión, supone una desatención grave de las exigencias y demandas del colectivo.
La semana pasada, unos 70 funcionarios entraron en las dependencias de la Delegación de Gobierno en Baleares con la intención de presentan en el registro "uno por uno" una veintena de documentos, con el objetivo de colapsar dicho servicio, como forma de protesta por la falta de entendimiento con el Ministerio de Justicia en las sucesivas negociaciones.
Esa misma semana, los sindicatos exigieron al PSOE que cumpla con su compromiso electoral e incremente el diálogo social impulsando una negociación real "y con voluntad política" que dé respuesta a las reivindicaciones de los funcionarios, que llevan en huelga indefinida 34 días.
Luna ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que son más de 100.000 las actuaciones judiciales suspendidas en todo el país y que en las Islas su número se cuenta por millares, causa por la que insta a los responsables políticos a que convoquen una reunión formal y seria donde se planteen soluciones efectivas al conflicto.
Se trata, según ha dicho, de igualar la situación de todos los funcionarios del país y de no permitir discriminaciones salariales entre las Comunidades con las competencias transferidas y las que no las tienen. Algo que Luna considera "sencillo" y que afirma "no es una reivindicación abusiva como afirman".
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS TOMA PARTE
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Baleares ha acordado instar a los sindicatos y al Ministerio de Justicia a que alcancen un acuerdo que permita poner fin de forma "inmediata" a la huelga de funcionarios de Justicia, y ha reclamado la adopción de medidas "especiales" que permitan desbloquear el "colapso" de este servicio en Baleares.
La institución ha exigido al Ministerio y a las autoridades judiciales la puesta en marcha de planes específicos que se activen de forma "inmediata" una vez finalice el conflicto, con el objetivo de recuperar "el tiempo perdido" y restablecer "lo antes posible" el normal funcionamiento de este servicio público en las islas.
En opinión de la Junta colegial, el conflicto ha puesto la justicia del archipiélago "al borde de un colapso absoluto, de consecuencias impredecibles, pero de segura extrema gravedad". A su juicio, se trata de un "panorama desolador" que afecta a la totalidad de los operadores jurídicos y, "lo que es peor, aleja a los ciudadanos de su derecho a obtener una tutela judicial efectiva".
Fuente: mallorcadiario.com
Esta se convirtió en la protesta más corta de todas las que vienen realizando, ya que la policía se presentó en breve invitándoles a irse por las buenas o por las malas. Después de salir pacíficamente con las manos en alto, los funcionarios han proseguido con sus cánticos de protesta durante otra media hora en la puerta del edificio.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FSAP-CCOO, Javier Luna, ha destacado que ésta es una escenificación más de la situación de bloqueo en la que se encuentra el colectivo, que ya ha llevado a cabo actuaciones similares de encierro en la comunidad y en el Ministerio, para denunciar lo que, en su opinión, supone una desatención grave de las exigencias y demandas del colectivo.
La semana pasada, unos 70 funcionarios entraron en las dependencias de la Delegación de Gobierno en Baleares con la intención de presentan en el registro "uno por uno" una veintena de documentos, con el objetivo de colapsar dicho servicio, como forma de protesta por la falta de entendimiento con el Ministerio de Justicia en las sucesivas negociaciones.
Esa misma semana, los sindicatos exigieron al PSOE que cumpla con su compromiso electoral e incremente el diálogo social impulsando una negociación real "y con voluntad política" que dé respuesta a las reivindicaciones de los funcionarios, que llevan en huelga indefinida 34 días.
Luna ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que son más de 100.000 las actuaciones judiciales suspendidas en todo el país y que en las Islas su número se cuenta por millares, causa por la que insta a los responsables políticos a que convoquen una reunión formal y seria donde se planteen soluciones efectivas al conflicto.
Se trata, según ha dicho, de igualar la situación de todos los funcionarios del país y de no permitir discriminaciones salariales entre las Comunidades con las competencias transferidas y las que no las tienen. Algo que Luna considera "sencillo" y que afirma "no es una reivindicación abusiva como afirman".
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS TOMA PARTE
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Baleares ha acordado instar a los sindicatos y al Ministerio de Justicia a que alcancen un acuerdo que permita poner fin de forma "inmediata" a la huelga de funcionarios de Justicia, y ha reclamado la adopción de medidas "especiales" que permitan desbloquear el "colapso" de este servicio en Baleares.
La institución ha exigido al Ministerio y a las autoridades judiciales la puesta en marcha de planes específicos que se activen de forma "inmediata" una vez finalice el conflicto, con el objetivo de recuperar "el tiempo perdido" y restablecer "lo antes posible" el normal funcionamiento de este servicio público en las islas.
En opinión de la Junta colegial, el conflicto ha puesto la justicia del archipiélago "al borde de un colapso absoluto, de consecuencias impredecibles, pero de segura extrema gravedad". A su juicio, se trata de un "panorama desolador" que afecta a la totalidad de los operadores jurídicos y, "lo que es peor, aleja a los ciudadanos de su derecho a obtener una tutela judicial efectiva".
Fuente: mallorcadiario.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario