El Ejecutivo ha decidido castigar con dureza el encierro que mantuvieron entre el 11 y 13 de marzo en la sede ministerial varios de los funcionarios de Justicia de las comunidades que no tienen transferidas las competencias y que permanecen en huelga indefinida desde hace ocho semanas.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha notificado un expediente sancionador a Comisiones Obreras en el que le impone una multa de 6.000 euros por esta protesta, que entiende puede constituir una infracción administrativa grave. El plazo máximo de resolución de la sanción es de seis meses. CCOO -que ha sido el destinatario del expediente por hacer de portavoz de los otros tres sindicatos implicados en la huelga, UGT, CSI-CSIF y STAJ- dispone ahora de quince días para «formular alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones que estime convenientes», según explica el documento. Al sindicato también le cabe la posibilidad de pagar los 6.000 euros en cualquier momento anterior a la resolución para dar por terminado el procedimiento.
En una nota conjunta hecha pública ayer, las centrales calificaron de «mecanismo de represión contra los trabajadores» la multa y culparon además a la Delegación del Gobierno de cambiar el itinerario de la marcha convocada para el próximo sábado en Madrid. El departamento de Soledad Mestre ha prohibido a los funcionarios que se manifiesten entre los ministerios de Hacienda y Justicia, los dos departamentos contra los que se dirigen sus quejas, y les ha ofrecido como alternativa una concentración en Atocha. No obstante, no será hasta mañana cuando se decida finalmente el recorrido de la manifestación.
Los sindicatos se reunieron ayer por la tarde con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y los decanos de los colegios de las comunidades afectadas por los paros en un intento más de desbloquear una situación que está causando formidables estragos en la Administración de Justicia. El propio Carnicer mostró el interés de esta institución por coadyuvar en la resolución del conflicto y solicitó a ambas partes que traten de «flexibilizar al máximo sus posturas» para acabar con un problema que está afectando gravemente a los ciudadanos y a los propios abogados. El presidente del CGAE enviará un requerimiento al ministerio para que convoque de forma urgente la mesa de negociación.
No parece, sin embargo, que la situación tenga trazas de solucionarse a corto plazo a tenor de lo expresado por los representantes sindicales. Javier Hernández (CCOO), quien aclaró que lo que piden es la homologación de sus salarios con los de los funcionarios de las autonomías que tienen transferidas las competencias, acusó al ministerio de no aceptar la presencia de mediadores «imparciales» en el conflicto y de no convocar la mesa sectorial desde que los sindicatos entregaron, hace tres semanas, un escrito realizando alegaciones a la última oferta retributiva.
Por su parte, Juan Antonio Martín, de CSI-CSIF, acusó al ministro de Justicia de «mentir, intoxicar y engañar a la opinión pública» en relación con este conflicto, a la vez que subrayó que los sindicatos están abiertos a negociar y esperan una respuesta del ministerio.
Fuente: La Razon Digital
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