Un mes después de que se iniciase la huelga indefinida en los servicios dependientes del Ministerio de Justicia en Valladolid, y en las comunidades autónomas sin competencias transferidas, el conflicto laboral no tiene viso de ser resuelto. Las organizaciones convocantes (CC.OO., UGT, STAJ y CSIF) anunciaron su disposición de continuar con el paro hasta que haya una «oferta razonable» que les equipare con el resto de sus compañeros en Cataluña, País Vasco, Andalucía o Comunidad de Madrid.Mientras ello sucede, las pérdidas económicas por esta huelga aumentan cada día no sólo para los trabajadores que la secundan sino para los despachos de abogados que se verán obligados este mes a no poder facturar sus servicios de carácter procesal por la paralización en la tramitación de los expedientes.
Ésta es la principal pérdida económica en este conflicto que supera con creces los 400.000 euros, a la que hay que sumar las horas de ausencia en los puestos de trabajo por la presencia obligatoria de los testigos y peritos que son citados para declarar en los juicios que estaban programados con anterioridad a la huelga que comenzó el 4 de febrero. Los sindicatos dicen que se han suspendido más de 2.000 juicios en Valladolid (5.500 en Castilla y León).
Según reconoció el juez decano, Ignacio Segoviano, la ley establece una compensación por los gastos que se generen a los testigos y peritos, tanto si son propuestos por las partes como si vienen a petición del Ministerio Fiscal.
«Si se produce un desplazamiento, y en su caso hubiera lugar a una pernoctación, el testigo que ha sido llamado por un tribunal tiene derecho a cobrar ese gasto generado aunque el juicio no se celebre por causa ajena a él», recordó.
Una partida anual del Ministerio de Justicia contempla el abono de estas compensaciones, que ya han sido solicitadas desde algunos despachos de abogados.
El presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, volvió a recordar «el perjuicio que se está causando al ciudadano ya que en la provincia de Valladolid hay 35 organismos jurisdiccionales, más las salas superiores, que se están viendo muy afectadas por esta huelga».
A los juicios aplazados hay que añadir la paralización de permisos de presos en tres cárceles, aplazamientos de embargos, inscripciones de nacimientos, de divorcios, y de incapacidades.
Respaldo del 95%
Pese a las consecuencias económicas y los problemas que se está causando a los ciudadanos, los funcionarios y los sindicatos se muestran partidarios de continuar con esta huelga indefinida.
Un control efectuado por los convocantes recoge que casi el 95% de los trabajadores de los juzgados de Valladolid sigue manteniendo su adhesión al conflicto después de un mes, y su intención de proseguir con el paro pese a las repercusiones económicas que está teniendo para los bolsillos de estos empleados públicos.
Según un cálculo hecho por los sindicatos, cada funcionario en huelga ha perdido una media de 800 euros durante los 20 días de conflicto, lo que supone un coste global superior a los 360.000 euros.
Fuente: nortecastilla.es
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