Barcelona: Los delitos de tráfico agravan el colapso de los juzgados penales

Lo de la justicia lenta no es ya, para nadie, un oxímoron, sino una triste y ajustada descripción. Aunque la suerte va por barrios -en este caso por jurisdicciones y partidos judiciales- en general el ciudadano y los profesionales de la justicia perciben que demasiado a menudo los procesos judiciales se eternizan y las sentencias llegan demasiado tarde. Encima, la lentitud no se acusa sólo en las fases de instrucción y a la hora de señalar juicios, sino también cuando deben ejecutarse las sentencias, es decir al final del camino.


Un ejemplo paradigmático de este problema son los juzgados de lo Penal de Barcelona. A finales de 2002, su colapso llegó a tal extremo -se calculaba que los 20 juzgados que había en la capital catalana acumulaban más de 40.000 sentencias pendientes de ejecución, amontonadas en armarios y estanterías-, que las administraciones acordaron recurrir a una medida de urgencia. Se pusieron en marcha cuatro juzgados penales destinados únicamente a ejecutar sentencias, los llamados juzgados de ejecutorias. Posteriormente, se vio que el parche no alcanzaba para tanto roto y se doblaron los refuerzos: se dotó a estos cuatro juzgados de un juez, un secretario judicial y cinco funcionarios de más, cada uno.

Tal y como señala la hasta este mes juez decana de Barcelona (perdió las elecciones al decanato el pasado 10 de marzo), Maria Sanahuja, el citado plan de choque empezó, lentamente a dar sus frutos. Con todo, las cifras actuales tampoco son para presumir. A diciembre de 2006 los juzgados penales de ejecutorias de Barcelona acumulaban 24.041 expedientes pendientes de ejecutar. Y el problema va en aumento, porque en datos del primer semestre de 2007 a los que ha tenido acceso ABC los asuntos pendientes son 24.784. Mientras tanto trabajo pendiente se acumula, se corre el riesgo de que muchas de estas sentencias prescriban, como así ocurre, aunque, según confiesa Sanahuja, no se sabe cuántas han podido quedar ya en papel mojado.

En este tipo de juzgados se dirimen condenas de hasta cinco años de cárcel por delitos como, por ejemplo, robos o agresiones, pero también multas e indemnizaciones así como delitos e infracciones relacionados con el tráfico. Y es precisamente en este último ámbito donde se esperan en breve muchos casos, por obra y gracia de la reforma del Código Penal de finales del año pasado, que convierte en delito muchas conductas temerarias al volante que antes apenas si llegaban a los tribunales o eran saldadas con sanciones administrativas. Por este motivo, Sanahuja advierte de que con la presumible llegada de miles de expedientes relacionados con delitos de tráfico los ya saturados juzgados penales de ejecutoria de Barcelona podrían ver agravado su colapso.

«Sin papeles» a la prisión

En noviembre pasado, entró en vigor la reforma del Código Penal que dicta penas de cárcel por hechos como conducir ebrio o a una velocidad excesiva, entre otros. Sin embargo, el alud de expedientes que orillarán en los juzgados penales se espera a partir del próximo 1 de mayo, cuando entrará en vigor el artículo de la citada reforma del Código Penal que grava con penas de hasta seis meses de prisión a aquellos conductores que circulen sin permiso y que nunca se lo hayan sacado. Se estima que hay miles de «sin papeles» circulando por las carreteras catalanas. En suma, como señala Sanahuja, entre conductores ebrios, demasiado veloces o sin carnet, se corre el riesgo que los juzgados penales de Barcelona «se ahoguen». Otra vez.

Al margen de la amenaza que conlleva la reforma del Código Penal para delitos de tráfico, otro aspecto que inquieta a la ex decana es que, según afirma, las prórrogas de las medidas de refuerzo para los juzgados de ejecutorias siempre han sido un parto difícil, por las trabas de una u otra administración implicada. El próximo junio finaliza el plazo de vigencia de las actuales medidas de refuerzo, por lo que ya un mes antes habrá que comenzar a solicitar una nueva prórroga. No obstante, en el caso de los jueces será ya tarea del sucesor de Sanahuja al frente del decanato de Barcelona, José Manuel Regadera.

Bajas e interinidad

Pese a las medidas de refuerzo, y sin saber todavía la magnitud de los efectos de la reciente reforma del Código Penal en asuntos de tráfico, los funcionarios que trabajan en los juzgados penales de ejecutorias de Barcelona sufren cada día condiciones laborales muy precarias, como denuncia Enric Escobar, portavoz del sindicato CSI-CSIF. «Cada funcionario tiene de media unos 300 expedientes que tratar», afirma Escobar, quien, al igual que Sanahuja, denuncia que una de las deficiencias que agravan el colapso de expedientes es la falta de un sistema informático de gestión y tramitación eficiente. Para ilustrar este malestar, este portavoz señala que se registran un gran número de bajas en el colectivo de estos trabajadores y que el 90 por ciento de ellos son interinos. Quien puede elegir opta por una plaza lejos del infierno de montañas de expedientes que son los juzgados de ejecutorias.

A la hora de calibrar el volumen de asuntos acumulados en armarios y estanterías, Escobar matiza, a peor, la cifra de más de 24.000. «Sólo se contabilizan las llamadas ejecutorias vivas y no aquellas que han sido archivadas provisionalmente. El problema, es que muchos de estos casos archivados pueden volver a ser vivos. Por ejemplo, cuando alguien que estaba en búsqueda y captura es detenido por la policía». Cuando en 2002 se decidió poner manos a la obra para paliar el colapso de expedientes, se dejó en un segundo plano, por un criterio de economía de guerra, los que estaban archivadas provisionalmente. Pero, ¿cuántos son los expedientes en archivo provisional? «No quiero ni saberlo», confiesa Maria Sanahuja, que no duda en que muchos de ellos habrán prescrito.

Fuente: ABC.es