La recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional, Rodríguez Zapata y García-Calvo, culmina un proceso que ha orquestado el PSOE para hacerse con una mayoría suficiente en el alto Tribunal para evitar que sus leyes estrella, como la de violencia de género o de igualdad, y sobre todo el estatuto de Cataluña, sean tumbados por los vicios de inconstitucionalidad que encierran .Pablo Pérez Tremps, el magistrado del constitucional conocido por sus descaradas declaraciones a favor del separatismo catalán fue recusado en su día por el PP por asesorar a la Gneralidad en la redacción del texto estatutario. Pérez Tremps cobró 6.000 euros por esa colaboración.
La respuesta del PSOE a esta baja fue modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para permitir a su presidenta, María Emilia Casas, cuyo esposo también emitió un dictamen favorable al estatuto, prorrogar más allá de los tres años previstos legalmente su mandando al frente del Tribunal Constitucional y por tanto conservar su voto de calidad.
Entonces el PP recusó a cinco magistrados del Tribunal Constitucional porque consideraba que habían manifestado verbalmente su apoyo a la reforma aprobada por el Gobierno mientras se tramitaba el proyecto parlamentario. Tales recusaciones fueron inadmitidas a trámite con el voto de los propios recusados. El PSOE hizo lo propio con Rodríguez Zapata y García-Calvo, precisamente por manifestar justo lo contrario, es decir desacuerdo con la reforma del gobierno. Sin embargo su recusación sí ha prosperado.
Tras este rifirrafe de recusaciones a medida del gobierno, ya no hace falta especular sobre cual va a ser el fallo del Constitucional sobre estas cuestiones de la ley de violencia de género o de igualdad, dará luz verde a todas, y en especial, en lo que se refiere al estatuto catalán, tras maquillar el texto con algún retoque para cubrir apariencias, lo declarará conforme de toda conformidad con la Constitución de 1978. Al fin y a la postre las sentencias van a ser autenticas decisiones políticas y no jurídicas.
En definitiva la politización del Tribunal Constitucional, hacen de este órgano, no un autentico Tribunal de Justicia, genuinamente independiente y guiado y motivado por consideraciones estrictamente jurídicas, sino un apéndice político, que no sirve más que para llevar a otro terreno de juego la lucha entre partido políticos. Con tales condicionamientos, francamente, lo que pueda decir o dejar de decir el Constitucional sobre la legalidad del estatuto, no ofrece credibilidad alguna.
Fuente: Minuto Digital
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