La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria y los sindicatos de la Administración de Justicia (UGT, CC.OO., CSI-CSIF y STAJ) alcanzaron hoy un acuerdo para la mejora de las condiciones laborales, tras una larga reunión que comenzó esta mañana y que no ha finalizado hasta primera hora de la tarde.
El acuerdo de mejora de las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia que alcanzaron hoy el Gobierno y representantes sindicales, incluye la redistribución de los plazos para la aplicación progresiva de la subida del complemento específico y la creación de uno nuevo por la modernización en el sector.
El complemento específico será de 350 euros a lo largo de los cuatro años de la legislatura --como proponía el Gobierno--, si bien varía el reparto de las cantidades respecto al planeado inicialmente. Así, este año se aplicará una subida mensual de 150 euros; en 2009, se sumarán otros 100; en 2010, 50; y, finalmente, en 2011, otros 50.
Además, se crea el complemento específico por el concepto de modernización de la justicia, que asciende a 30 euros al mes y que se aplicará los dos últimos años, es decir, en 2010 y 2011, ya que para entonces se estima que estará implantada la Oficina Judicial y los sistemas de nuevas tecnologías en esta Administración.
De esta forma, sumados ambos conceptos, el complemento específico transitorio y el de modernización de la justicia, los trabajadores de la Administración judicial recibirán 410 euros más al mes al final de la legislatura.
Los detalles del acuerdo con el que se pone fin a la huelga indefinida en el sector los detallaron en rueda de prensa el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, acompañado del director general de Justicia, Juan Carlos Mediavilla, por parte de la Administración.
También comparecieron los representantes sindicales Borja Bats, de Comisiones Obreras; Laura Lourido, UGT; Javier Mantilla, de CSI-CSIF y Manuel Barriuso, de STAJ, que coincidieron en calificar de "positivo" el acuerdo y en pedir disculpas a los ciudadanos por las molestias ocasionadas con la huelga. El acuerdo es definitivo y no se someterá a votación de las asambleas de trabajadores.
El consejero de Justicia, Vicente Mediavilla, incidió en que las medidas incluidas en este acuerdo, alcanzado tras más de dos horas de negociación, contribuirán a "adelantar en el tiempo la implantación de un nuevo modelo organizativo en la Administración de Justicia", ya que se podrán "coordinar los cronogramas" de la implantación de experiencias como la Oficina Judicial y las nuevas herramientas tecnológicas.
Además, se regulan las horarios de los empleados de la Administración judicial y el control, que se hará por un sistema de lectura de la mano que ya está instalado en las sedes judiciales, si bien Mediavilla mostró su preferencia por "evaluar el desempeño" de los trabajos en lugar de las horas de presencia en el puesto laboral.
La jornada laboral será de 37,5 horas semanales, de las que cinco horas y media diarias se realizarán en el horario habitual de 8.30 a 14.30 horas, mientras que el resto podrá distribuirse entre las 7.30 y las 20.00 horas, de lunes a viernes. Javier Mantilla (CSI-CSIF) reconoció que esta medida "más o menos coincidía" con los horarios estipulados cuando la Justicia era competencia estatal.
En el acuerdo se recoge también la elaboración de un programa formativo para los empleados, la constitución de un Comité de Seguridad y Salud laboral, ayudas de acción social que determinará una Comisión Técnica y un grupo de seguimiento de su cumplimiento.
En cuanto a la adopción de medidas para compensar las consecuencias de la huelga, que ha durado 11 días y ha provocado la suspensión de más de 1.100 juicios, Mediavilla remitió a la redacción de informe por parte del Consejo General del Poder Judicial para conocer sus "efectos reales" y establecer medidas que, precisó, "se estudiarán conjuntamente" entre la Administración y los sindicatos.
El consejero de Justicia destacó que este acuerdo da un "paso importante en la recuperación de la confianza" entre ambas partes, y aseveró que para la Administración sería un "suicidio" no contar con los empleados en el proceso de modernización de la justicia.
Fuente: eldiariomontanes.es
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