El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha advertido a los sindicatos que "no pueden pretender ganar la huelga por goleada" al tiempo que asegura que, tras la solución del conflicto, el Ministerio estará preparado para afrontar los retrasos. Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha señalado que "en estos casos, la mayor responsabilidad recae sobre los patrones, que en este caso es el Ministerio"."Ahora estamos ya trabajando para el día después, lo que nos preocupa en este momento no es sólo acabar con la huelga, tenemos muchas esperanzas en que la solución llegará pronto ya que nadie puede pretender ganar la huelga por goleada", aseguró Pérez en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo este lunes el Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española para evaluar los efectos de la huelga.
Pérez fue invitado a título personal por el presidente de esta institución, Carlos Carnicer, quien le convidó a la reunión que se celebró en la misma sede del Consejo General de la Abogacía y a la que acudieron cerca de 30 decanos de los colegios de abogados de varias ciudades afectadas por la huelga.
Julio Pérez comenzó anunciando que desde el Ministerio se le ha pedido a la Abogacía General "que haga lo mismo con los sindicatos" a los que acusó de no haberse movido de su postura inicial, al tiempo que reiteró los "múltiples esfuerzos" realizados por la Administración. Según dijo, "se han mantenido desde el inicio de la huelga hasta diez reuniones oficiales entre ambas partes que han durado entre cinco y diez horas y otras muchas de carácter extraoficial".
Según explicó Pérez, el objetivo principal es que cualquier solución que ponga fin a la huelga tendrá que significar una mejora añadida de los servicios públicos, es decir, que "el aumento retributivo tendrá que ir más allá para que se note en una mejora del servicio para los ciudadanos". "Todos queremos que los funcionarios ganen más pero a cambio tendrá que ser mejorado el servicio", aseveró.
En este punto, dijo, "ha aparecido un escollo muy difícil de resolver que es el coste que tiene la huelga para los huelguistas" y explicó que "la Ley impide a la Administración pagar sueldos a quien no ha ido a trabajar". "Esto lo dice la Ley y es un mandato legal", añadió, por lo que, según dijo, habrá que buscar otras soluciones.
Asimismo, Pérez advirtió que "el Ministerio tiene voluntad, experiencia y dinero para recuperar los atrasos provocados por la huelga". Como ejemplo, anunció que "en el año 2007 Justicia invirtió 2,5 millones de euros por congestiones provocados por otro motivos".
Lo funcionarios mantienen desde el pasado 4 de febrero esta huelga indefinida para exigir una equiparación salarial con los compañeros que desempeñan las mismas funciones en el ámbito transferido. Según denuncian, las diferencias salariales pueden alcanzar hasta los 300 euros y, desde el inicio de las movilizaciones, se han suspendido ya cerca de 100.000 acciones judiciales.
Ante esta cifra, Pérez aseguró que no es su intención "minimizar los efectos de la huelga" pero consideró "exagerada" la estimación de los sindicatos al igual que los pronósticos que apuntan a que la Administración tardará cerca de un año en recuperar los trabajos atrasados. En este caso Pérez apuntó a "semanas o meses".
Incumplimiento de los servicios mínimos
Por su parte, Carlos Carnicer manifestó al secretario de Estado y a los medios de comunicación su "preocupación" por el alcance de esta huelga, e hizo especial hincapié en las informaciones que le transmitieron hoy algunos de los treinta decanos presentes en la reunión, quienes alertaron de que hay ciudades en las que los funcionarios ni siquiera cumplen los servicios mínimos impuestos por Ley.
Preguntado acerca de la posibilidad de que el Consejo General de la Abogacía participase como mediador en la huelga, Carnicer aseguró que de momento, "no ha habido ni ofrecimiento ni petición por ninguna de las dos partes", pero no cerró la puerta a esta posibilidad anunciando su "disposición a colaborar", al tiempo que anunció que la semana que viene también invitarán a los sindicatos para escuchar sus alegaciones.
En este sentido, Carnicer no quiso aventurar ninguna propuesta de resolución, pero, sin obviar la implicación de los sindicatos, argumentó que, "en estos casos, la mayor responsabilidad recae sobre los patrones, que en este caso es el Ministerio".
Asimismo, Carnicer alertó de la posibilidad de que la paralización de la Justicia pueda derivar en "una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de algunos ciudadanos, que, como el derecho a huelga, es un derecho fundamental" y, en ese sentido, añadió que aunque "desde la Abogacía General no se lanzará ninguna consigna", los abogados y los despacho decidirán a instancias de sus clientes actuar contra esta violación de derecho. "Nos dedicamos a eso", apostilló.
Fuente: Libertad Digital
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