Tras casi 40 días en huelga, los funcionarios de Justicia decidieron llevar ayer sus protestas a la sede del Ministerio que dirige (ahora en funciones) Mariano Fernández Bermejo, donde 200 de ellos se encerraron con ánimo de no abandonarla hasta que el ministro no atienda sus reivindicaciones.
Los cuatro sindicatos convocantes de los paros (CC OO, UGT, CSI-CSIF y STAJ) reclaman a la Administración que equipare los salarios de los 9.500 trabajadores en huelga (pertenecientes a siete comunidades autónomas) con los que cobran por hacer las mismas funciones los funcionarios de las autonomías con las competencias de Justicia ya transferidas (que cifran en 2.400 euros al año).
Los paros han acarreado ya la paralización de 60.000 actuaciones judiciales, con especial incidencia en la inscripción de matrimonios y nacimientos en el Registro Civil, donde el colapso es considerable.
Como quiera que sus reivindicaciones han caído en saco roto, los funcionarios trasladaron ayer por escrito al presidente del Gobierno sus demandas, que presentaron en el Registro General del Ministerio, donde decidieron encerrarse hasta que se atiendan sus peticiones.
Juan Antonio Martín, portavoz de CSI-CSIF, explicó a este periódico que una vez presentaron sus escritos en el Registro, reclamaron en vano la presencia del secretario de Estado de Justicia para que el Ministerio les emplace a una nueva reunión.
«Hace oídos sordos»
«La Administración sigue haciendo oídos sordos -se quejó Martín- y mirando para otro lado», por lo que al cierre de esta edición continuaba el encierro de los funcionarios, que se quejaban del trato dispensado por el Ministerio. «No nos dan ni agua y nos han cerrado los servicios. Esto es como un campo de concentración, nos han dejado ir al baño por turnos, de dos en dos».
Hasta el momento, las reuniones mantenidas entre los sindicatos y los representantes de Justicia han resultado infructuosas. Por este motivo, los sindicatos están barajando, explicó Martín, «convocar una gran concentración con funcionarios de toda España, porque los compañeros de las comunidades con las competencias transferidas están por la labor de apoyar nuestras reivindicaciones».
En el documento presentado en el Registro, los sindicatos han entregado al Ministerio un borrador de la oferta que éste les trasladó en la última reunión, «en la que hemos dejado en blanco las mejoras económicas» dejando en manos de Justicia esa oferta económica. Además, proponen un plan para paliar las consecuencias de la huelga y poner al día el trabajo atrasado en más de un mes de paros.
Los empleados públicos ya protagonizaron otro encierro, en ese caso efímero, en la catedral de la Almudena, en Madrid, una iniciativa con la que intentaron hacerse escuchar. También alzaron su voz en varios mítines de Zapatero durante la campaña electoral.
Fuente: La Razon Digital
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