Máxima tensión entre el Consell y los funcionarios de los juzgados de violencia sobre la mujer de Valencia, Alicante y Castellón. Con el comienzo de la 'huelga indefinida' esta semana y las anteriores cinco jornadas de paros, el colapso en los órganos judiciales de Valencia, Castellón y Alicante está alcanzando ya una dimensión que empieza a ser alarmante.Y el enfrentamiento también se ha disparado entre la Administración y los sindicatos. El conseller de Justicia, Fernando de Rosa, apela a la 'responsabilidad' de los funcionarios para que pongan fin a su protesta y asegura que la huelga 'está poniendo en peligro la vida y los intereses de las víctimas'.
CCOO, por su parte, acusa a De Rosa de 'arrojar más leña al fuego' y replicaron: 'Lo único que se pone en peligro desde hace mucho tiempo es la falta de una atención digna a las víctimas por la falta de medios en los juzgados'. Según aseguran fuentes del sindicato, la protesta ha suspendido o bloqueado ya alrededor de 200 asuntos, entre juicios, comparecencias de testigos y declaraciones de víctimas, en la Comunitat Valenciana.
Desde el sindicato aseguran que se paraliza una media de ocho asuntos por día y juzgado, aunque esto no afecta a los diligencias judiciales más graves -como órdenes de protección, órdenes de alejamiento o medidas civiles cautelares- que quedan cubiertas con los servicios mínimos.
'Se trata de un tema muy delicado, y cualquier reclamación salarial no debería traer consigo la suspensión de causas', lamenta De Rosa. Desde CCOO resaltan que asociaciones de víctimas y la propia Plataforma Feminista han mostrado su apoyo a los funcionarios. 'Una denunciante se me acercó durante una concentración y me dijo que estaban con nosotros, porque ellas son las que sufren la falta de medios', explica Francisco Abad, delegado del sindicato en Valencia.
El pago de un plus de penosidad de 190 euros es la principal diferencia que separa a Consell y funcionarios. Los sindicatos reclaman que se pague en los juzgados exclusivos de las capitales como ya se ha hecho en los órganos judiciales mixtos de los partidos judiciales más pequeños.
El Consell lo ha aceptado, pero a cambio de que los empleados públicos de los juzgados alarguen su jornada o realicen guardias. Los funcionarios no aceptan el requisito añadido.
De Rosa subraya que se ha atendido 'todas las peticiones' de los sindicatos, como 'su reclamación de formación', y la Generalitat se ha comprometido a poner en marcha las llamadas unidades de valoración integral para estudiar la sobrecarga de trabajo de los juzgados exclusivos.
Pero los sindicatos van más allá. 'Hacen falta más intérpretes, abogados especializados, locales adecuados para mantener la intimidad de las víctimas y otros en los que los hijos de las denunciantes puedan esperar mientras sus madres declaran, porque ahora mismo los pequeños tienen que entretenerse con los juguetes que traen los propios funcionarios', lamentan desde CCOO
El sindicato acusa igualmente al conseller de no convocar reuniones para negociar. Pero la respuesta ha sido inmediata desde Justicia, al destacar los tres encuentros mantenidos la pasada semana y la nueva reunión que se llevará a cabo hoy entre Conselleria y sindicatos.
Las dos partes tampoco se ponen de acuerdo acerca del seguimiento de la huelga. Mientras CCOO cifra la incidencia en el cien por cien en Valencia y Alicante y el 50 por ciento en Castellón, desde la Administración matizaron que en el órgano castellonense sólo realizaron paros dos de nueve funcionarios y en uno de los dos juzgados de Alicante no acudió a la movilización uno de los ocho empleados públicos.
La tensión se ha vivido con especial crudeza en el juzgado de violencia número dos de la capital valenciana, que realizaba funciones similares a la guardia. Según indicaron desde CCOO, la situación se crispó cerca de las dos de la tarde cuando, tras toda la mañana realizando otras diligencias, los seis detenidos por malos tratos que debía interrogar la jueza seguían aguardando en los calabozos de la Ciudad de la Justicia.
Tal y como sostienen desde el sindicato, la magistrada del juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer reclamó a los dos funcionarios que realizaban los servicios mínimos que prolongasen su jornada para poder interrogar a los arrestados.
Los funcionarios piden a la juez la orden por escrito y la magistrada, según un comunicado del Comité de Huelga, 'amenazó' a los empleados públicos con abrirles un expediente disciplinario por falta grave.
Finalmente, desde el propio sindicato aseguran que los dos empleados públicos, 'en un ejemplo de responsabilidad más allá de los servicios mínimos a los que están obligados', permanecían aún cerca de las seis de la tarde en los calabozos de la Ciudad de la Justicia para realizar las declaraciones. 'No han parado para tomar ni un café y no han comido a su hora, pero han recibidos amenazas intolerables', sostienen desde CCOO.
Fuente: Terra
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