El magistrado de Instrucción número 1 de León, Teodoro González, ha abierto una investigación para comprobar si se cometió o no un presunto delito de detención ilegal y otros de agresión durante el acto electoral que fue organizado por el PSOE el pasado 22 de febrero coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones generales del 9 de marzo.En la tarde de esa jornada, decenas de funcionarios de la Administración de Justicia en Castilla y León, entre ellos un autocar de Valladolid, acudieron a protestar a la capital leonesa para reclamar un aumento salarial que les equiparase con sus compañeros de Justicia traspasados a comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, País Vasco o Andalucía, que cobran una media de 200 euros más al mes que los trabajadores de la región.
La investigación tiene su origen en las 42 denuncias presentadas por los funcionarios y dirigentes sindicales en las que se asegura que recibieron «malos tratos» por parte de los vigilantes del mitin, así como una retención por parte de agentes de la Policía, en algunos casos de hasta tres horas. Según los denunciantes, a unos 10 kilómetros de la capital leonesa, en el municipio de Puente Villarente efectivos policiales ordenaron parar a varios autocares y coches que se dirigían a León.
La semana pasada el juez comenzó la instrucción después de acumular todas las denuncias en un solo procedimiento, algunas de las cuales fueron presentadas en la Fiscalía. Las denuncias aunque son genéricas se dirigen contra los organizadores del mitín en el que intervino el candidato socialista.
El magistrado ha solicitado ya una grabación de imágenes a la Subdelegación del Gobierno en León, que según los funcionarios existía. Sin embargo, desde el organismo del Ministerio del Interior se ha negado su existencia por lo que los funcionarios de Justicia han vuelto a reclamar al juez que intervengan las grabaciones de cámaras exteriores privadas instaladas en las zonas cercanas al Palacio de Deportes.
El juez ha ordenado cautelarmente requisar las cintas antes de que se pudieran destruir las secuencias que supuestamente habrían sido grabadas, y que de acuerdo con la Ley tienen una temporalidad. Según fuentes judiciales, con esta iniciativa se pretende concretar la identificación para proceder penalmente contra los autores de estos hechos.
Además de esta instrucción, funcionarios de Justicia de Salamanca y Soria han presentado también denuncias por un presunto delito de detención ilegal.
Siguen las protestas
Paralelamente a la vía judicial, los funcionarios de Justicia mantienen su agenda de protestas pese a que la campaña electoral haya terminado.
En Valladolid, el lunes participaron en la concentración de la Plaza Mayor en solidaridad con la familia del ex concejal socialista de Mondragón asesinado el pasado viernes. En el acto coincidieron con el diputado electo del PSOE por Valladolid, Jesús Quijano, a quien pidieron su mediación ante el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al que responsabilizan de una falta de voluntad negociadora.
Cada día, la mayor parte de los 452 empleados de Valladolid que secundan la huelga participan además en una asamblea para estudiar nuevas medidas.
«Ahora estamos analizando si convocamos nuevas manifestaciones en Burgos y Salamanca», señalaron fuentes sindicales, que reconocieron que las negociaciones «están paralizadas formalmente con el Ministerio de Justicia aunque se están estudiando propuestas».
Los efectos económicos que está teniendo este paro indefinido han superado ya los 800 euros mensuales de media por cada funcionario.
También la falta de ingresos está afectando a los 140 procuradores colegiados en Valladolid. Su decano, José Luis Moreno, explicó que «como no se tramitan los expedientes judiciales los procuradores no cobrábamos pero sin embargo sí que tenemos unos costes fijos de funcionamiento como son el pago de alquileres, seguros y abonos de nóminas del personal que esté contratado».
Moreno dijo que desde el Colegio de Procuradores se había mostrado desde el primer día su solidaridad con la reclamación de los funcionarios de Justicia, «aunque institucionalmente no».
Fuente: nortecastilla.es
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